El soporte de Askapena en tierras venezolanas
J. A.MADRID. La reacción de rechazo del Gobierno venezolano al último ataque contra la Embajada española por la Coordinadora Simón Bolívar integrada por simpatizantes de Hugo Chávez puede ser el
J. A.
MADRID. La reacción de rechazo del Gobierno venezolano al último ataque contra la Embajada española por la Coordinadora Simón Bolívar integrada por simpatizantes de Hugo Chávez puede ser el reflejo de que el presidente de Venezuela está perdiendo el control sobre algunos grupos a los que había venido financiando, según consideran algunos expertos observadores de la situación en ese país.
Este podría ser el caso de la citada coordinadora, que ha venido actuando en los últimos años como anfitrión de los «brigadistas» que periódicamente el denominado Movimiento Nacional de Liberación Vasco (MLNV) envía a Venezuela para difundir los postulados proetarras.
Tal y como informó ABC hace unos meses, el MLNV, a través de Askapena, un movimiento constituido en 1987 para estrechar entonces lazos con el régimen sandinista que mandaba en Nicaragua, realiza gestiones en varios países iberoamericanos con gobiernos a los que considera próximos (Venezuela, Bolivia, Nicaragua) para extender en ellos la idea de una ETA que lucha por la libertad el pueblo vasco frente a la «España de siempre», identificándola con la que hace 500 años colonizó América.
En agosto del pasado año, un grupo de los citados «brigadistas» viajó a Venezuela, donde la Coordinadora Simón Bolívar les abrió las puertas para difundir a través de televisiones, radios y periódicos chavistas, el discurso de que «el proceso de paz» se rompió por culpa del Gobierno Zapatero y que ETA fue el único «agente» que demostró deseos de paz.
Un importante número de etarras sigue viviendo hoy en Venezuela, donde hace poco más de un año cuatro de ellos estuvieron a punto de conseguir la nacionalidad venezolana para evitar ser extraditados a España. Las quejas del Gobierno español impidieron que se consumara lo que pretendían, pero no que, por esa época, las autoridades venezolanas indemnizarán con 325.000 euros a otros dos miembros de ETA que habían sido entregados a España en 2002 cuando residían «legalmente» en Venezuela.
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