El entorno familiar predispone a los menores de la «kale borroka» a cometer acciones terroristas

22/12/2003 a las 07:42h.

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Han quemado cajeros, lanzado «cócteles molotov» contra establecimientos públicos y privados así como al interior de la vivienda de más de un concejal no nacionalista, han hecho arder autobuses, coches... y, los que menos, han participado en manifestaciones de apoyo a los presos de ETA o de homenaje a algún pistolero fallecido. Y todo ello, en un número de casos mayor de lo deseable, lo han hecho antes de cumplir los 18 años. Son los menores de la «kale borroka», un fenómeno terrorista que en los últimos años ha provocado daños por valor de varios millones de euros .

Pero, ¿cómo son esos jóvenes? ¿Cómo es su entorno familiar? ¿Por qué cometen este tipo de delitos? La respuesta a todas estas preguntas no es fácil, pero sí se puede dibujar un perfil más que fiable del menor y de su familia a través de las memorias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que recogen los informes elaborados por los profesionales (educadores, trabajadores sociales y psicólogos) que integran el equipo técnico adscrito a su sección de menores. Ésta, desde su creación en el año 2001, impulsa los procedimientos abiertos a jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años implicados en delitos de terrorismo.

Los expertos aseguran que estos jóvenes no tienen nada que ver con el menor delincuente habitual. «Son chicos muy distintos», explican, pues, lejos de la situación de carencia afectiva y económica de aquéllos o de la dependencia a las drogas, el terrorista urbano procede de un entorno familiar estructurado, con un nivel socioeconómico medio-alto, no es adicto a las drogas ni sufre marginación, está bien integrado en la escuela (en el cien por cien de los casos cursa sus estudios en ikastolas) y su índice de fracaso escolar no supera las cifras consideradas normales. Algunos han cursado estudios universitarios. Los padres, ya vivan juntos o estén divorciados, no descuidan la educación de sus hijos -tarea que comparten al cincuenta por ciento- y, en su mayoría, se inclinan por un modelo permisivo y basado en el diálogo y la comunicación.

¿Dónde está entonces el problema? Los expertos consultados creen que, si bien las familias no incitan a estos jóvenes a cometer actos de «kale borroka», tampoco les enseñan abiertamente a rechazar el terrorismo en ninguna de sus múltiples manifestaciones. Hay una actitud muy ambigua respecto de las acciones de la banda terrorista ETA y de su entorno, de tal manera que no son aplaudidas, pero tampoco son objeto de crítica o de rechazo.

Este problema preocupa desde hace algunos años a los fiscales de la Audiencia Nacional. Y así se refleja en sus Memorias. La última, de 2002, afirma que «sólo en el diez por ciento de los casos explorados hay una actitud clara y sin ambigüedades en los criterios educativos, mantenida incluso tras los hechos , por parte de los padres de reprobación del hecho terrorista y de la violencia callejera en la que participan menores y jóvenes».

Esta actitud provoca una situación paradójica. En un 70 por ciento de los casos, estas familias «constituyen un entorno válido para el desarrollo y evolución de los menores», pues existe buen grado de integración social y familiar del menor así como una relación de «dependencia afectiva». Sin embargo, «sólo en un tercio, el entorno familiar estudiado es claramente válido para contener y controlar conductas disociales en relación con el tema de violencia y terrorismo que nos ocupa», concluye el informe de la Fiscalía.

Se trata de familias de marcadas convicciones nacionalistas, muy probablemente simpatizantes de la ilegalizada Batasuna, en las que los menores crecen viendo como algo normal los atentados, las manifestaciones de apoyo a ETA o la violencia callejera. En muchos casos, esos chicos tienen algún familiar preso por su actividad como miembro de la banda armada. «No existe una línea divisoria clara entre lo que está bien y lo que está mal en este asunto», comentan los expertos, hecho que, unido a la enorme politización de la vida en el País Vasco, puede arrastrar a los jóvenes a manifestar este tipo de comportamientos violentos.

La Memoria de 2001 ya advertía que «la conducta delictiva no encontraría explicación alguna si no tuviéramos en cuenta la politización que alcanza a todos los ámbitos sociales y la convivencia ideológica de sectores que aprueban o no condenan con rotundidad conductas y actos delictivos. Estos factores ejercen su influencia en el proceso de aprendizaje y desarrollo de los menores dificultando la capacidad de inclinarse por conductas socialmente aceptadas».

Etarras en potencia

Pero el problema no se queda ahí. De hecho, estos menores no son capaces de ver -y así lo ponen de manifiesto en muchos casos a lo largo del proceso judicial- por qué su comportamiento no es correcto ni son tampoco capaces de asumir su responsabilidad. No es difícil que alguno de ellos, cumplidas las medidas que se le impongan por los actos de terrorismo urbano y de vuelta a su entorno habitual, decidan dar un paso más, cruzar la frontera con Francia e integrarse en las filas de ETA.

Es importante tener en cuenta, además, que el acoso policial y las numerosas detenciones practicadas en los últimos años viene desde hace tiempo obligando a ETA a reclutar pistoleros cada vez más jóvenes. Los miembros del «aparato militar» detenidos a lo largo de 2003, por ejemplo, tienen en su mayoría edades que oscilan entre los 20 y los 25 años.

Los informes recogidos en la Memoria de la Fiscalía de la Audiencia Nacional destaca también cómo en el 79 por ciento de los casos los menores detenidos por delitos de terrorismo «no ha reflexionado sobre el carácter antisocial de la conducta», aunque sí lo hacen (en un 90 por ciento de los casos) «sobre los efectos que pueden tener en su vida las repercusiones legales» de su comportamiento. Una vez más sirven de referente sus manifestaciones a lo largo del proceso judicial. Tanto los chicos como sus padres temen lo que pueda ocurrir y procuran mostrar una actitud que evite lo más posible la adopción de medidas de internamiento en centros específicos, pues comporta la separación temporal del menor de su familia.

De la falta de reflexión de los hijos son responsables los padres, que, en un porcentaje muy alto de los casos analizados, les exculpan y no buscan en ellos las causas de su actitud.

Lo habitual, explican los expertos consultados, es que no crean que los chicos hayan cometido acciones de terrorismo urbano, hechos que, por sí mismos, ni siquiera les escandalizan. Y, en cualquier caso, muestran una actitud exculpatoria hacia los hijos y responsabilizan al sistema, a la sociedad o a la policía del comportamiento violento de los menores. «No sabéis lo que es aquello», dicen padres y madres con frecuencia para referirse a la vida en el País Vasco, donde, según ellos, la policía atosiga a los jóvenes y les empuja a ser violentos.

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