GENOCIDIO EN GUATEMALA Una toga contra la impunidad
POR NATI VILLANUEVAMADRID. Más de 250.000 víctimas, 45.000 desapariciones, un millón y medio de desplazados internos y 150.000 refugiados en México es el trágico balance del genocidio que, auspiciado
POR NATI VILLANUEVA
MADRID. Más de 250.000 víctimas, 45.000 desapariciones, un millón y medio de desplazados internos y 150.000 refugiados en México es el trágico balance del genocidio que, auspiciado por los sucesivos gobiernos de Guatemala entre los años 1978 y 1984 (el 93 por ciento de los crímenes y torturas fueron cometidos por «agentes del Estado»), borró del mapa un total de 430 aldeas del país. En las sucesivas matanzas perdieron la vida siete españoles: cuatro de ellos eran sacerdotes y otros tres murieron en el asalto a la embajada de nuestro país en la capital guatemalteca (31 de enero de 1980).
Desde entonces hasta ahora las autoridades de Guatemala no sólo no han investigado los crímenes de la dictadura militar, sino que desde que el Tribunal Constitucional declaró la competencia de España para investigar crímenes de lesa humanidad, el Estado guatemalteco no ha hecho más que poner zancadillas a la instrucción del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien el 24 de junio de 2006 llegó a desplazarse a la capital para interrogar «in situ» a imputados y testigos del genocidio del pueblo maya. Lo cierto es que la actuación, o más bien la pasividad del gobierno de este país (que la semana pasada estrenó presidencia) no se puede abstraer de la identidad de las personas imputadas en esta causa: el ex dictador y hoy parlamentario Efraín Ríos Montt, el también jefe de Gobierno Óscar Humberto Mejía o el ex presidente de la República Fernando Romeo Lucas, quien podría haber fallecido (aunque el Juzgado no tiene constancia del óbito).
Con las manos vacías
La comisión rogatoria frustrada que encabezó Pedraz hace un año y medio (las argucias de la defensas y las dilaciones de la Corte Suprema impidieron la toma de declaraciones) fue sólo la primera de las piedras con las que iba a tropezar este magistrado en el camino del esclarecimiento de unos hechos que a día de hoy se mantienen impunes. De regreso al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, el juez cursó órdenes de detención internacional, extradición y varias comisiones rogatorias que Guatemala ni ha llegado a cumplimentar. A ello se suma la resolución que el pasado 12 de diciembre dictó la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (la misma que suspendió «in extremis» las diligencias de Pedraz y decidió conceder un amparo provisional a Ríos Montt). En ella se deja sin efecto la solicitud de extradición a España de los imputados al considerar que nuestro país no tiene competencia para investigar los delitos de genocidio, torturas y asesinatos.
Son estas zancadillas las que han motivado un auto que el magistrado dictó el pasado 16 de enero y en el que no escatima críticas a la pasividad de las autoridades guatemaltecas, a las que acusa de «situarse en la órbita de los países que violan sus obligaciones internacionales y desprecian la defensa de los derechos humanos». Con su decisión, dice Pedraz, quien seguirá investigando con o sin ayuda, «la Corte de Constitucionalidad desliza que el Estado de Guatemala acepta y asume la violación de sus obligaciones internacionales y de su propia ley nacional». A su vez, el gobierno de ese país «nada dice ni insinúa sobre la plena y efectiva ejecución» de la obligación de perseguir delitos en sus Tribunales, por lo que está incurriendo en «flagrante vulneración de sus obligaciones internacionales como Estado». Precisamente el viernes la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú -quien en 1999 denunció estos hechos en España- interpuso una demanda contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por «parcialidad en la evaluación de los medios probatorios». Considera que la decisión de paralizar las extradiciones es «tendenciosa».
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