La Junta ve incoherente el informe que habla de neglicencia en el incendio de Guadalajara
S. R.TOLEDO. El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, el socialista Fernando Lamata, aseguró ayer que el Gobierno regional no está de acuerdo con el informe que atribuye la muerte de once
S. R.
TOLEDO. El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, el socialista Fernando Lamata, aseguró ayer que el Gobierno regional no está de acuerdo con el informe que atribuye la muerte de once miembros de un retén forestal en el incendio de Guadalajara -ocurrido en julio de 2005- a una cadena de negligencias, pues «a nuestro juicio contiene muchos errores, muchas incoherencias».
Como informó ABC, Miguel Montoya Oliver, perito responsable del informe sobre este incendio (encargado por la Asociación de Víctimas del Incendio de la Riba de Saelices), afirmó el pasado lunes que lo ocurrido en los Pinares del Ducado el 16 y 17 de julio de 2005 se debió a «una gravísima cadena de negligencias» de la Administración y sus empleados, y no a un accidente.
Fernando Lamata recordó ayer que el documento de Montoya Oliver, catedrático en Ingeniería de Montes, fue encargado por las familias de nueve de los once fallecidos, por lo que «se trata de un informe de parte, de las familias que no están de acuerdo en cómo se actuó y que dice una serie de cuestiones que son muy discutibles».
Asimismo, el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha añadió que el informe «no aporta nada nuevo a lo que ya se había publicado de ese mismo informe hace unos meses, que tampoco aportaba nada nuevo respecto a lo que ya venía diciendo la defensa jurídica de estas familias», que considera «desde el primer momento que hubo negligencia». Sin embargo, el vicepresidente del Gobierno presidido por José María Barreda recordó que la comisión parlamentaria que investigó el incendio concluyó que «se había actuado correctamente».
Al respecto, explicó que, para el Ejecutivo regional, la muerte de los once miembros de un retén forestal en las tareas de extinción fue un «gravísimo accidente, un terrible accidente» que «costó la vida a estas personas, que desde el punto de vista del Gobierno de Castilla-La Mancha pueden ser considerados verdaderos héroes que dieron su vida por la defensa del medio ambiente».
Preguntado por qué, según ese perito, en el primer informe oficial de la Junta de Castilla-La Mancha las coordenadas para la correcta localización del incendio correspondían a las de un pueblo de Finlandia, señaló que «es un error de lectura que hace este perito del informe que presentaron otros peritos anteriormente».
El vicepresidente Lamata afirmó que esta cuestión ya se aclaró «hace meses» y dijo que el informe de Montoya Oliver es «incorrecto en algunos de sus puntos», pues «el perito de la acusación comete errores de lectura de una serie de datos que son absolutamente elementales», como la lectura de las coordenadas.
«Abandono administrativo»
En su informe, Montoya Oliver consideró que el incendio se caracterizó «por una cadena de errores, actuaciones imprudentes, irresponsables y negligentes». El perito insistió en que hubo un abandono administrativo y técnico en las medidas de prevención, que el proceso de extinción fue erróneo y que existe responsabilidad clara personal y de las instituciones.
Tras la presentación del citado informe, las familias de nueve de las once víctimas anunciaron, a través de su letrado, Miguel Solano, que «pronto» pedirán la imputación de siete u ocho personas más, entre las cuales no descartaron la de algún cargo político, en el procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado de Sigüenza (Guadalajara).
Las personas imputadas en estos momentos son los excursionistas que el 16 de julio de 2005 prendieron fuego en la barbacoa que supuestamente originó el incendio, en el que se quemaron más de 12.000 hectáreas, y el guía de la Cueva de Los Casares, en Riba de Saelices (Guadalajara).
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