Biescas, tragedia «fuera de plazo»
La muerte está instalada como un recuerdo pesado y trágico en la memoria de las familias que vieron perder a hijos, padres, nietos, hermanos..., familias rotas por una riada que ha teñido de luto para la historia el nombre de Biescas. El camping de esta localidad del Pirineo aragonés fue borrado en cuestión de minutos por una barrancada. Murieron 87 personas, de todas las edades, niños incluidos.
La tragedia lastra desde entonces la vida y la memoria de quienes sufrieron sus consecuencias. Reconocen que el recuerdo les acompañará como un eterno presente mientras sigan en este mundo. Lo que sí se podía haber cerrado es el proceso jurídico-administrativo, pero esto tampoco ha ocurrido. La tragedia de Biescas ocurrió el 7 de agosto de 1996 y no fue hasta diciembre de 2005 cuando se dio por concluido el proceso judicial que obligó al Estado y al Gobierno aragonés a indemnizar solidariamente por las víctimas, pero no a todas sino a las familias de 63 de los 87 fallecidos. Fueron las que siguieron el proceso hasta la Audiencia Nacional que dio lugar a la sentencia de 2005.
Las familias de las otras 24 víctimas no se habían sumado a aquella causa. Argumentaron que no tuvieron información en tiempo y forma para haber podido optar a ello. De todas formas, estas familias que siguen reclamando, una treintena, optaron por solicitar sus indemnizaciones a las instituciones que deberían pagarlas solidariamente: el Gobierno aragonés y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), en nombre del Ministerio de Medio Ambiente.
A mediados de 2007, la Administración se mostró dispuesta a pagarles. Les reconoció que, aunque no se habían personado en el proceso de la Audiencia Nacional, era más que razonable que percibieran las indemnizaciones en condiciones de igualdad, porque sufrieron de la misma forma la misma tragedia. Pero el trámite marca que, antes, debía pedirse un informe consultivo, no vinculante, al Consejo de Estado. Y lo que ha dicho el Consejo de Estado, según trascendía ayer en la prensa local, es que las familias de esas 24 víctimas plantearon la reclamación «fuera de plazo». En este dictamen se entiende que las familias debían haber sido conocedoras del proceso penal que llegó a la Audiencia Nacional por la tragedia de Biescas.
Dado que no es un informe vinculante, este pronunciameinto del Consejo de Estado puede ser obviado por la Administración. Lo contrario supondría dar marcha atrás en la postura que adoptaron hace más de un año, cuando decidieron atender las solicitudes. La Administración optó por extender sus indemnizaciones a las familias de todas las víctimas, dando por válida la sentencia para todos, se hubieran personado o no en el proceso seguido en la Audiencia Nacional.
De momento, eso sí, van camino de cumplirse trece años de la tragedia y sus consecuencias jurídicas aún no se han saldado. Sí lo hicieron en los tribunales. El propietario del camping y el Ayuntamiento de Biescas fueron exculpados, pero no el Estado y el Gobierno aragonés. Se les consideró responsables solidarios por haber autirizado la instalación del camping en ese punto, a pesar de que un funcionario avisó de su alto riesgo.
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