Ordenan el embargo de los derechos de autor de De Juana para pagar indemnizaciones a sus víctimas
N. VILLANUEVA/ P. MUÑOZMADRID. La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó ayer una providencia en la que ordena a la editorial «Txalaparta» el embargo de los derechos de autor
N. VILLANUEVA/ P. MUÑOZ
MADRID. La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó ayer una providencia en la que ordena a la editorial «Txalaparta» el embargo de los derechos de autor correspondientes al etarra De Juana Chaos. Se trata de que los beneficios que este terrorista está recibiendo por la publicación de los tres libros que ha escrito se puedan destinar al pago de indemnizaciones a sus víctimas, responsabilidad civil fijada en cada una de las sentencias condenatorias del miembro del «comando Madrid».
La Sección Primera de lo Penal ha tomado esta decisión después de dos meses en los que no ha recibido respuesta al requerimiento que la Sala hizo el pasado 24 de noviembre a la editorial. Se le pidió que informara sobre si ha abonado alguna cantidad en concepto de derechos de autor al etarra por los libros que ha publicado («Días», «La senda del abismo» y «Raíces del roble»).
La solicitud de embargo partió de la Asociación Víctimas del Terrorismo pocos días después del último juicio al etarra (el 27 de octubre), en el que fue condenado por amenazas terroristas, y se refería al pago de la indemnización a una de las víctima del atentado contra un furgón de la Guardia Civil en la plaza de la República Dominicana el 9 de septiembre de 1985. Por este atentado la Sección Primera condenó al etarra a 489 años de prisión y al pago de 258.440.000 pesetas (1.553.000 euros), indemnización que debía afrontar de forma solidaria con los otros dos etarras condenados por esos hechos.
La asociación también había pedido el embargo de los ingresos que el etarra pueda recibir también por colaboraciones periodísticas que realiza, entre otras publicaciones, en «Gara». Fueron precisamente dos de ellas, los artículos «El Escudo» y «Gallizo», publicados en el diario abertzale, los que le llevaron a sentarse en el banquillo el pasado octubre, cuando ya iba a ser excarcelado después de cumplir 18 de los 3.000 años a los que fue condenado. Los doce años y medio de prisión que se le han impuesto en esta última sentencia motivaron que el etarra iniciara una segunda huelga de hambre que todavía mantiene. Fue precisamente el propio terrorista el que facilitó que la solicitud de embargo de la AVT tuviera fundamento, pues él mismo reconoció en el juicio que había publicado un par de libros y que el único proyecto de futuro que tenía era escribir.
Un millón y medio de euros
Pero la Sección Primera (la misma que ordenó el embargo de los bienes de los asesinos de Baglieto) no es la única en la que De Juana tiene causas con responsabilidades civiles pendientes. Junto con las penas de prisión, el etarra acumula indemnizaciones que la AVT cifra en 1.553.255 euros (258.440.000 pesetas). Entre ellas figuran las derivadas del atentado en la plaza de la República Dominicana (Sección Tercera), donde fueron asesinados 12 guardias civiles (970 millones de pesetas); el que costó la vida al coronel Vicente Romero, a su conductor, Juan García Jiménez y al policía de los Tedax Esteban del Amo (50,1 millones), Sección Segunda; o el asesinato del vicealmirante Escrigas, atentado en la que resultó herido grave su conductor, Francisco Marañón.
Según ha podido saber ABC, el etarra fue visitado ayer en el Hospital Doce de Octubre por dos forenses enviados por la Audiencia Nacional, que pidieron un informe completo sobre su estado de salud a los médicos que le atienden. En cualquier caso, su estado «no ha sufrido cambios significativos en las últimas horas».
El terrorista no ha cambiado de actitud y la visita de ayer incluso puede haber mejorado su ánimo, «ya que ve que algo se mueve como consecuencia de su acción», explican las fuentes. «El control médico es riguroso y cuando se detecta algún cambio en las constantes o bien hay alteraciones en los resultados de las analíticas se actúa de inmediato», añadieron.
De Juana es ahora un preso preventivo, ya que ha recurrido la sentencia que lo condenó a doce años y medio de prisión. La administración penitenciaria, por tanto, no es competente para modificar su situación, algo que sólo puede hacer el tribunal que lo juzgó -la Audiencia Nacional-, quien podría ordenar la suspensión de la ejecución de la sentencia si lo considerara oportuno.
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