Tregua para el TC

LA presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, ha reflejado con duras palabras la difícil situación que atraviesa esta institución, denunciando el «intento de desestabilización intolerable» y las voces «poco respetuosas» que se oyen contra el TC. Razones no faltan para este diagnóstico, porque el TC vive la etapa más convulsa de su historia, tanto por presiones de carácter político como por las divisiones que se han producido en su seno. Es evidente que el TC tiene en sus manos el veredicto sobre el contenido legislativo del primer mandato de Zapatero: está pendiente de resolver si son o no inconstitucionales las leyes del matrimonio entre homosexuales y la integral contra la violencia de género, así como el estatuto de Cataluña, leyes que inciden en aspectos fundamentales del discurso gubernamental. Por eso, si hubiera que señalar causas concretas a los procesos de desestabilización que aquejan al TC, deberían citarse el empeño del PSOE en aprobar leyes sin consideración ninguna a la reflexión jurídica y a la técnica legislativa y la intolerancia socialista a la independencia de las instituciones jurisdiccionales.

El PSOE ha demostrado que no tiene reparo alguno en cambiar las reglas del juego cuando teme que el funcionamiento de las instituciones y los tribunales pueda desenvolverse en sentido contrario a sus intereses. Este planteamiento partidista de la potestad legislativa del Parlamento y de la relación del Gobierno con los demás poderes y órganos del Estado ha calado tan perniciosamente que la asignación de posiciones ideológicas en el seno del TC es, para los socialistas, un criterio suficiente para reformar intempestivamente su organización interna: si la derecha recusa a un juez «progresista» -aunque sea legítima y justificadamente-, la izquierda se considera legitimada para prorrogar el mandato de una presidenta «afín» -detonante de la crisis actual- y, a su vez, recusar a otros dos magistrados «conservadores». De esta forma, la apelación del Gobierno a que el PP respete la independencia del TC es una simple impostura, porque sus decisiones están orientadas a conseguir el efecto contrario, es decir, el control sobre la mayoría de sus magistrados, a partir de una supuesta identificación de estos con el PSOE, lo cual es, en sí mismo, una ofensa a estos juristas. También debe reconocerse que, en buena medida, la situación sería distinta si el TC hubiera resuelto ya algunos de los recursos planteados, porque la dilación procesal, en conjunción con la proximidad de las elecciones, aumenta la tensión del Gobierno.

Lo cierto es que el PSOE cambia las reglas cuando cree que va a perder. Lo hizo en el Consejo General del Poder Judicial y lo ha hecho en el TC. Pero por más ilegítima que sea esta forma de proceder del Gobierno, no es tampoco aceptable la cadena de recusaciones que emprendió el PP contra otros tres magistrados de este tribunal. Políticamente puede ser comprensible -porque, en definitiva, se trata de mera táctica- que los populares entiendan que deben replicar cada movimiento del PSOE en el TC y que no fueron ellos los que empezaron esta guerra. Sin embargo, esto no exime al PP de tener que asumir su cuota de responsabilidad en la situación creada en el Constitucional. Nada ha habido, a pesar de todo, tan inadmisible como las reiteradas e intolerables amenazas del Gobierno catalán contra el TC y sobre la permanencia de Cataluña en España, para el caso de que el estatuto catalán fuera declarado inconstitucional.

Lo más sensato en este momento es que el PSOE y el PP retiren las recusaciones que han planteado contra cinco magistrados del TC, lo que ha puesto a este tribunal en la encrucijada diabólica de resolver esas recusaciones con los magistrados afectados -lo que supone una probable vulneración de la ley- o encallar la institución, dejando fuera de la decisión a los cinco recusados, y no alcanzar el número mínimo para que funcione su pleno. PP y PSOE deben hacer un esfuerzo de confianza en los magistrados del TC que tienen decidir sobre la ley de reforma de esta institución, diez juristas que tienen confiada la más alta responsabilidad de velar por la integridad constitucional y que, de una forma más o menos directa -debido al juego de las mayorías necesarias para designarlos, salvo los dos propuestos directamente por el Ejecutivo- contaron con el apoyo de los partidos que ahora los recusan.