Sí a la vida
EL debate sobre la despenalización del aborto y la presentación del anteproyecto de ley de plazos evidencia el interés del gobierno por crear debates ficticios y cortinas de humo, ante un panorama que reclama su atención por otros temas mucho más preocupantes como la crisis y el paro.
Quiero manifestar mi más absoluto rechazo ante esta propuesta, no sólo por la gran trascendencia ética del tema sino también por sus graves efectos jurídicos. Una sociedad madura, democrática y culta jamás debiera acudir a medidas de este tipo, más propias de sociedades enfermas.
La situación actual pone de manifiesto el fracaso de una sociedad que ha sido incapaz de concienciar a los suyos del importante valor de la vida, un valor supremo digno de toda protección y reconocido como un derecho fundamental.
El aborto es un delito que está despenalizado en tres supuestos en la legislación española, que lamentablemente ha sido burlada por desaprensivos que violando el juramento hipocrático, pretende hacer del aborto un despreciable negocio.
La ampliación de los supuestos del aborto nada tiene que ver con el reconocimiento de más derechos de la mujer, ni con la modernidad, ni con el progreso y sí mucho que ver con un ataque al derecho a la vida, la falta de valores morales, el fracaso de políticas de prevención entre los jóvenes y la falta de medidas de auxilio y protección a las mujeres que tienen que afrontar un embarazo no deseado.
Al tratarse de un tema de tanta trascendencia social, sorprende que se haya dejado en manos de una Ministra que evidencia una clara falta de experiencia, madurez y preparación intelectual.La trascendencia moral, pone de relieve el fracaso de una sociedad a la hora de transmitir valores éticos de respeto por los derechos fundamentales de la persona entre los que está el derecho a la vida y con ello forjar nuevas generaciones de individuos responsables con las consecuencias de sus actos.
Y en tercer lugar la trascendencia jurídica que supone sustraer a los padres los derechos que les asisten sobre sus hijos, permitiendo abortar a una menor sin el consentimiento paterno, cuando sí lo requiere para otro tipo de acciones de mucha menor enjundia y que entrañan menor riesgo. La vulneración de una ley nunca debe llevar a la reforma legal que legitime el hecho delictivo.
La alternativa está clara: mejor formación, más medidas de prevención, más atención y ayuda a las gestantes, flexibilizar las leyes de adopción, medidas de atención a la familia, y más apelar a la responsabilidad por las consecuencias de nuestros actos. Sólo de esta forma podremos evitar la miseria moral de una sociedad que amparándose en un malentendido progreso es incapaz de defender y atender, el derecho a la vida.
Carina
Mejías
Diputada del PP
en el Parlament
TRIBUNA ABIERTA
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