Al Estado le costaría más de 700 millones devolver la deuda con los partidos y sindicatos
CC.OO. ya ha anunciado que en septiembre pedirá la constitución de una comisión en el Congreso para negociar la devolución de los bienes sindicales
MADRID. A pesar de que desde la primera legislatura socialista se intentó devolver a partidos y sindicatos lo que el Estado les adeudaba desde que que el régimen de Franco decretara la incautación de sus bienes, aún el problema no se ha solucionado. Ahora, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha anunciado su intención de llegar a un acuerdo político con UGT para condonarle la deuda que tiene por el caso PSV -138,2 millones de euros- con la devolución del patrimonio histórico que le incautaron al sindicato tras la guerra y que la central valora en 282,4 millones. El saldo a favor de UGT ascendería a 144,2 millones de euros, cifra que se ha de añadir a los 61,41 millones que ya recibiera del Patrimonio Sindical Acumulado (PSA) a raíz de la ley aprobada en 1986, que preveía, además de la devolución del patrimonio histórico, la cesión -pero no en propiedad- de los inmuebles que ocupaba el Sindicato Vertical.
La polémica vuelve a saltar poco menos de un año después de que el Tribunal Supremo eximiera a UGT de pagar las indemnizaciones derivadas del caso PSV, cifradas tres años antes en 78 millones de euros por la Audiencia Nacional. El escándalo afectó a cerca de 20.000 cooperativistas que habían aportado 326,4 millones de euros. De esta cantidad, la gestora de PSV sólo ingresó 281,74 millones, arrojando un déficit de 44,66 millones. La cooperativa de viviendas PSV se vio obligada a solicitar la suspensión de pagos.
CC.OO. pedirá sustituir la ley de 1986
El ICO, con esta decisión, puede abrir la espita para que, después del parón del verano, las organizaciones políticas y sindicales reclamen al Estado todo lo que se les debe. Así se lo ha confirmado el secretario de organización de CC.OO., Antonio Escribano, quien explicó que su sindicato, en septiembre pretende instar a la creación de una comisión en el Congreso para revisar la ley de 1986. Según Escribano, es necesario culminar tanto la devolución de la totalidad del patrimonio incautado como de otorgar en propiedad los espacios que hasta ahora sólo están cedidos. «En todos los países europeos los sindicatos son propietarios de los espacios que ocupan, menos en España», explica Escribano. «Ahora es el momento político oportuno y, según lo que hemos podido ver, el Ministerio de Trabajo se ha mostrado muy receptivo con este planteamiento que hemos presentado después de conocer lo de UGT».
Sólo se ha devuelto el 10%
Según los cálculos que realizan los interesados, el Estado les adeuda, por las incautaciones, más de 700 millones de euros. De éstos, sólo se han devuelto alrededor de 66 -menos del 10%-. Lo que no está contabilizado en términos homogéneos es el patrimonio sindical que no procedía de las incautaciones, puesto que su tasación corresponde a años diferentes. Lo que sí se sabe es que de éste, UGT y CC.OO. recibieron algo más de 200 locales cada uno, pero que, todavía el 50% del PSA lo ocupa la Administración del Estado.
El responsable de patrimonio de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), Ángel Espinosa, exige diálogo entre las partes para llegar a una verdadera solución. «No es una cuestión de qué cantidades devolver, porque cualquiera será aleatoria: se trata de bienes incautados hace setenta años y su valor actual depende del valor que se dé a la peseta de la época y su traducción a los euros actuales. Además, hay que tener en cuenta, también, que precisamente el mercado inmobiliario se ha visto inmerso en un ambiente de especulación y sobrevaloración tremendo», explica Espinosa, quien añade que, dado este panorama, hay que abogar por acordar entre todos los implicados qué devolver a cada cual.
Cuando en 1986 se le devolvieron 38 locales y 1,49 millones de euros, a raíz de la aprobación de la ley de restitución del patrimonio, la CNT no se quedó conforme y, doce años después valoró lo incautado en 240 millones.
Según explica Espinosa, a partir del inventario realizado por el Ministerio de Trabajo, la estrategia que está aplicando el Estado sobre este patrimonio es doble: por un lado, muchos de los pisos y locales que ocupaba el Movimiento Nacional han sido subastados y vendidos. Pero el Estado también los está permutando con los Ayuntamientos a cambio de locales en la periferia de la ciudad con objeto de compesarles con éstos a los sindicatos. «A pesar de todo, el mayor «okupa» es el Estado: aunque la ley indica que sólo la patronal o los sindicatos pueden beneficiarse del PSA, hay muchos organismos estatales que utilizan estas instalaciones».
Respecto a los partidos políticos, no fue hasta el año 1998 cuando el Gobierno del PP aprobó una ley de restitución del patrimonio a los grupos políticos que daba un plazo de algo más de un año a éstos para que presentaran la documentación que acreditara como suyos los inmuebles que demandaban. De una tasación que los partidos cifraron en alrededor de 200 millones de euros, el Estado sólo ha devuelto 3,4 millones, esto es, un escueto 2,7%.
El primer partido en presentar la documentación fue Izquierda Republicana (IR) -la fuerza política de Manuel Azaña y coyunturalmente unida a IU en algunas elecciones- y valoró en entre 30 y 36 millones de euros los 147 locales y cuentas incautadas. El Gobierno le devolvió 0,25 millones de euros. IR acudió al Tribunal Supremo, que le reconoció alrededor de medio millón de euros más. Su secretario general, Isabelo Herreros asegura que IR sólo ha recuperado el 10% de lo incautado.
De todas formas, el instigador de esta ley fue el PNV que, como condición al apoyo parlamentario que daría al Partido Popular durante la primera legislatura, le exigió que le restituyeran el patrimonio que había acumulado desde su fundación a finales del siglo XIX hasta la Guerra Civil, valorado en 30,5 millones de euros. Ello se tradujo en una ley que se aprobó en diciembre de 1997. Hasta ahora al PNV sólo se le han devuelto 180.000 euros.
El PSOE, contra la ley de devolución
Sorprendentemente, el único partido que votó en contra de esta ley fue el PSOE. El PNV, en su día, atribuyó esta decisión a que la mayor parte de los bienes incautados a los socialistas durante la Guerra Civil estaban a nombre de UGT, por lo que es mucho más difícil valorar el patrimonio que le pertenecía específicamente. A pesar de todo, el PSOE presentó 535 expedientes de reclamación a la Administración. Algunas estimaciones establecen en alrededor de 360.000 euros lo que ha recuperado ya, pero, según los cálculos de su Secretaría de Organización, la cantidad a devolver ascendería a más de 90 millones de euros.
El Partido Comunista (PCE) obtuvo, con cargo a los presupuestos de 2000, 140.000 euros, en compensación por los saldos en efectivo, cuentas y depósitos bancarios. El PCE apoyó la ley de 1997 sobre la restitución de bienes y derechos incautados, pero no fue tan optimista al valorar la devolución que le realizaba el Estado: según la nota de prensa que emitió su Comité Federal a tal efecto, en la fundamentación de las propiedades y cuentas que tenía esta fuerza política antes del estallido de la guerra, el PCE se había gastado ya 120.000 euros. Además, en el expediente presentado al Gobierno, esta fuerza política había cifrado en 1,2 millones de euros el patrimonio expoliado.
ERC, de los 30,5 millones en los que valora su patrimonio, el Estado, hasta la fecha, sólo les ha devuelto 1,5 millones. Peor suerte han corrido otros partidos catalanes como Unió Democrática de Catalunya o el Partido de Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) que no han obtenido compensaciones por sus bienes y cuentas incautados.
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