Tras casi tres años de debate, las Cortes ni legalizan ni prohíben la prostitución
El informe presentado ayer por la comisión mixta Congreso-Senado para los Derechos de la Mujer, que será aprobado el próximo 17 abril, apuesta por buscar una solución a la prostitución por medio «de
El informe presentado ayer por la comisión mixta Congreso-Senado para los Derechos de la Mujer, que será aprobado el próximo 17 abril, apuesta por buscar una solución a la prostitución por medio «de campañas de sensibilización y de educación en igualdad de género y por cambiar la percepción social».
Con este texto, aprobado por PSOE, PP y CiU, España se desmarca de los tres modelos imperantes en Europa en relación con la prostitución. No se seguirá el camino sueco de penalizar al cliente -hasta seis meses de cárcel-; ni el alemán y holandés de legalizar -se considera una actividad laboral más-; ni el francés de regular y que considera que es un delito prostituirse en la vía pública con penas para las mujeres de hasta seis meses de cárcel y 3.750 euros de multa. Se apuesta así por una cuarta vía: la sensibilización.
La filosofía del informe se basa en la idea de que las prostitutas siempre son víctimas -«La carne de cañón son las mujeres pobres de los países pobres», señaló Lourdes Muñoz, del PSOE-, por lo que no existen las profesionales voluntarias, sino que todas son «vulnerables y están explotadas».
En consecuencia, la propuesta de actuación se articula a través de tres líneas fundamentales: intensificar la lucha contra el tráfico de mujeres y la defensa de los derechos humanos de las mujeres; la atención social a las víctimas de trata de blancas y explotación sexual dotándolas de instrumentos sociales, económicos, culturales y judiciales y, por último, cambiar la percepción social de la prostitución para reducir su ejercicio.
En este sentido, la secretaria federal de Igualdad del PSOE, Maribel Montaño, aportó unas cifras asombrosas. Según sus datos, «cada día un millón y medio de españoles compran sexo». Y se calcula que la «oferta» se acerca a las «500.000 mujeres, un 90% de las cuales son inmigrantes con graves problemas socioeconómicos». Fuentes consultadas consideran que el «volumen de negocio corresponde al 4% del PIB, unos 40.000 millones de euros».
Lourdes Muñoz considera que «no es el momento de penalizar al cliente, sino de sensibilizar y educar». Susana Camarero, del PP, destacó la recomendación incluida de «crear unidades específicas en los cuerpos policiales para tratar este fenómeno». Y Mercé Pigem, de CiU, apostó por «seguir persiguiendo al proxeneta».
Entre las conclusiones destaca la recomendación al Gobierno para que cambie la ley de testigos protegidos y que de ésta se puedan beneficiar las familias de las prostitutas que hayan sido engañadas y «exportadas» desde sus países por mafias que, en caso de denuncia de las mujeres, atacan a sus seres queridos más próximos.
El documento propone que las extranjeras que hayan sido víctimas de trata de blancas dispongan de un «periodo de reflexión» en una casa de acogida antes de ser deportadas. Y, finalmente, se apela a los códigos éticos y deontológicos de los medios de comunicación para que «autorregulen» y «retiren» sus contenidos de publicidad de prostitución.
La opinión de las meretrices
En contra de lo aprobado, se manifestó un grupo de prostitutas, apoyadas por el colectivo Hetaira, que defiende sus derechos. Mimí, Lulú, Vanesa... nombres ficticios para mujeres reales que aseguraban que ellas «sí ejercían voluntariamente». Calificaron de «vergüenza» un informe que «sólo incluye generalidades, conclusiones ideologizadas, ninguna medida concreta y que se refiere a la prostitución como si sólo fuera un trabajo forzado», olvidando que la mayoría de la meretrices ejercen la profesión «voluntariamente, pero sin derechos ni seguridad» y exigieron la «legalización».
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