El año que los comunistas celebraron el Sábado Santo
El Sábado Santo de 1977, pronto, por la mañana, el presidente Adolfo Suárez cogió el teléfono y llamó a José Mario Armero, el abogado y amigo que desde meses atrás le servía de intermediario con
El Sábado Santo de 1977, pronto, por la mañana, el presidente Adolfo Suárez cogió el teléfono y llamó a José Mario Armero, el abogado y amigo que desde meses atrás le servía de intermediario con Santiago Carrillo: «Hoy vamos a legalizar al Partido Comunista», le dijo. Armero, uno de los personajes más elegantes del foro, magníficamente relacionado, aparentemente siempre sonriente y tranquilo, no pudo evitar el torbellino de los nervios. Quizá por eso, para no esperar los acontecimientos dando vueltas por su casa, se fue al Rastro. Suárez, mientras, se colocaba delante de un tablero que sabía arriesgado.
Aprovechando las vacaciones de Semana Santa, y dando una muestra de generosidad que quizá a algunos extrañara, el presidente había enviado de vacaciones, fuera de Madrid, a la mayoría de sus colaboradores y ministros. Sólo cinco miembros del Gabinete quedaban junto a él para vivir unas horas en las que casi todo estaba preparado y casi todo era impredecible. A primera hora estaba convocada la Junta de Fiscales que, tras varias horas de tensa reunión, resolvió que el Partido Comunista de España no incurría en ninguno de los supuestos directos de asociación ilícita contemplados en el Código Penal. El dictamen servía para que, inmediatamente después, se diera por buena la resolución, preparada previamente, por la que el Ministerio de Gobernación, encabezado en aquel momento por Rodolfo Martín Villa, aceptara la inscripción del PCE en el registro de Asociaciones Políticas. No sólo José Mario Armero estaba intranquilo: las prisas y los nervios hicieron que el ministro olvidara firmar el documento, lo que repararía formalmente cuando ya la UCD había abandonado el Gobierno.
Pero el Partido Comunista estaba ya legalizado. Y se trataba, en las circunstancias de una transición política llena de dificultades y recelos, de una decisión tan arriesgada como fundamental. El comunismo había sido el gran enemigo formal y simbólico del franquismo, el chivo expiatorio de todos los males y la encarnación de todos los valores que se oponían al Régimen. Ahora que en la derecha del espectro político adquieren influencia y poder los llamados neoconservadores, caracterizados en su origen por un potente anticomunismo, conviene destacar que el del franquismo era de otro orden. Los neoconservadores, que se organizan en el comienzo de la Guerra Fría, veían en el comunismo el fracaso de las buenas intenciones, el desastre de una ingeniería social que, por unos objetivos igualitarios, impedía la libertad de los ciudadanos y la misma eficacia de las políticas propuestas. Para el franquismo era realmente otra cosa: la suma de todos los males, el enemigo de los valores sociales y religiosos en los que se asentaba. Por eso, incluso los dirigentes del Régimen y del Ejército que habían aceptado, tras la muerte de Franco, la necesidad de reformas y la vía hacia la democracia, se oponían frontalmente a su legalización. Se lo habían exigido a Adolfo Suárez y creían contar con su compromiso.
Pero el presidente, en la recámara de sus reflexionessobre la Transición, sabía que esa negativa era un problema. Conocía la influencia del PCE en la oposición, que debía dar su visto bueno al cambio, y pensaba que, en las elecciones previstas para junio, todos tenían que estar presentes. El reconocimiento internacional y el éxito interno de un acuerdo amplio sobre las reformas que quería impulsar, lo exigían.
Precisamente por ello llevaba meses de cavilaciones y negociaciones secretas con Santiago Carrillo, en las que José Mario Armero era el discreto y apasionado intermediario. Carrillo, clandestinamente, ya había estado en España con el traje nuevo que le compró su amigo Lagunero y la famosa peluca. Detenido y puesto en libertad, había organizado algunas reuniones con los dirigentes del partido y líderes comunistas europeos. Pero no las tenía todas consigo, no sabía si, en la partida que se jugaba, ganarían los partidarios o los enemigos de la legalización. Estos últimos, desde luego, no podían imaginar que, a finales de febrero de ese año, se había celebrado una de las reuniones más secretas y sorprendentes.
Porque no deja de ser sorprendente que el presidente del Gobierno, secretamente, se subiera en el coche de Armero para, con las cautelas y los cambios de planes de una película de espías, llegar a la casa que su amigo tenía a las afueras de Madrid para entrevistarse con el secretario general del PCE. Este, con un despliegue similar, se desplazó en el automóvil de la esposa de Armero después de desembarazarse de la recelosa vigilancia de su hijo y otros compañeros del partido. En ese encuentro, de todos modos, Carrillo no logró arrancar a Suárez el compromiso de la legalización, en la que insistió una y otra vez. «Me ha quitado usted muchas horas de sueño», parece que le dijo el presidente, aunque no dio su brazo a torcer. El dirigente del PCE pensaba que la misma reunión era prueba de la actitud favorable de Suárez, pero este le dijo que no, que lo mejor era que acudiesen a las elecciones de junio como independientes. Tablas, por tanto, pero Carrillo tenía razón acerca de las intenciones del presidente, aunque comprendía que precisaba garantías y gestiones previas.
Siguieron las negociaciones, aunque la fecha exacta sólo la sabía Suárez. Carrillo no quería que coincidiese con la Semana Santa, e incluso argumentó con los sentimientos religiosos de muchos de sus militantes. A Suárez, sin embargo, le convenían esas jornadas para que el impacto que iba a producir se atemperase de algún modo con las vacaciones y el carácter religioso de las mismas. No quiere que Carrillo esté en España y éste se instala en la villa que Teodulfo Lagunero tiene en la Costa Azul.
José Mario Armero llama a La Moncloa desde un bar del Rastro. Ya está todo hecho. Poco después se pone en contacto telefónico con Carrillo y pactan la declaración que éste va a hacer, fechada en Cannes y suscrita a media tarde. El líder comunista aún tiene que hacer algunas correcciones a su texto manuscrito porque Suárez no quiere elogio alguno, sino más bien lo contrario. Carrillo teme pasar por un desagradecido radical en circunstancias como aquellas y, al final, se limita a señalar que el presidente Suárez no es precisamente un amigo de los comunistas, sino un anticomunista inteligente que quiere oponer sus ideas, en el debate y en las urnas, a las del PC cuya legalización se anuncia en ese momento.
Poco después, la declaración es hecha pública por Europa Press, la agencia de noticias que preside precisamente José Mario Armero. Alejo García recoge el teletipo y da la noticia en Radio Nacional de España de forma entrecortada, tanto por el impacto como por la carrera hasta el micrófono. Unos quedan pasmados, otros enfadados, los últimos felices, aunque los militantes comunistas tienen órdenes para no mostrar entusiasmo. Obedecen. Son conscientes de la advertencia del propio presidente del Gobierno: si hay manifestaciones de alegría en la calle puede ser un pretexto para la intervención del Ejército. Hay manifestaciones pero son ordenadas. En la sede madrileña del Centro de Estudios de Investigaciones Sociales aparece por fin el cartel que anuncia Partido Comunista de España.
Pero la batalla seguía. Ese mismo sábado, los ministros militares suspenden sus vacaciones y se ponen en contacto. Las reacciones son enérgicas y encendidas en muchos sectores del franquismo y en el Ejército, sobre todo en el de Tierra y en la Marina. El ministro de Marina, el almirante Pita, dimite y en su carta da a entender que ningún otro almirante aceptará el cargo. Suárez no sabe cómo resolver el vacío de la renuncia y el efecto político de ese vacío. Quizá Buhigas, le dice el propio Carrillo, pero no está seguro. El general Gutiérrez Mellado propone a Pery Junquera, que está en la reserva: «¿Qué le parece la legalización del PCE?». «Lo lamento, pero era inevitable», responde. Es el nuevo ministro.
Carrillo vuelve a Madrid en circunstancias de máxima tensión. Para salvar la situación, el Partido Comunista, disciplinadamente, acepta la bandera rojigualda, retira la republicana, y elogia al Rey y la Monarquía. Pero el enfado militar no se ha disipado y aparece, junto a otros asuntos candentes de la política, en el golpe del 23 de febrero de 1981. La paradoja, significativa, es que aquella noche sólo tres personas permanecen sentadas en sus escaños manteniendo la dignidad de un Congreso asaltado: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado. Los tres protagonistas de este episodio.
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