Las gestoras con las que Simancas pactó 50.000 pisos crearon la sociedad que acapara suelo en Morata
A. GARRIDOMADRID. 28 de junio de 2003. La vida política madrileña se encuentra convulsionada tras el más que sonado «tamayazo». Rafael Simancas, «k.o.» tras la espantada de dos de sus diputados
A. GARRIDO
MADRID. 28 de junio de 2003. La vida política madrileña se encuentra convulsionada tras el más que sonado «tamayazo». Rafael Simancas, «k.o.» tras la espantada de dos de sus diputados, destapa la caja de los truenos y lanza una espiral de acusaciones contra el PP para intentar demostrar que existe una «trama urbanística» en la que se encuentran inmersos Tamayo y Sáez. Es entonces cuando los populares contraatacan y denuncian un pacto entre Simancas y cooperativas «afines al PSOE e IU». Siendo candidato, firmó el 11 de abril un acuerdo con el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Gestores de Cooperativas y Comunidades de Viviendas (Agecovi), Orencio Osuna, en virtud del cual se comprometía a facilitar suelos urbanizados para construir 50.000 viviendas de promoción pública. El escándalo estaba servido.
El día 10 de julio, ABC revela un nuevo dato: Las gestoras próximas al PSOE hubieran ingresado 600 millones de euros por su pacto con Simancas. El asunto cobra fuerza y termina por debatirse en el seno de la famosa comisión de investigación del «tamayazo». Para los populares, numerosas cooperativas asociadas a Agecovi están relacionadas con militantes del PSOE o de IU. El 12 de agosto de 2003 Osuna niega cualquier relación con la trama y afirma que su pacto con Simancas no recoge la intención de alterar la legislación en materia de suelo. Su comparecencia duró exactamente ocho horas y cuarto
Con el tiempo, los ecos de esa comisión se fueron apagando. Quizás por ello, Agecovi se une en junio de 2004 con otra gestora de cooperativas, Empresas Gestoras de Cooperativas (AEGC), y constituyen Gecopi. Se da la circunstancia de que el gerente de AEGC es Fernando Abad, el ex alcalde socialista de Leganés que dirige la operación de Gecopi en Morata de Tajuña para construir 18.000 viviendas sociales.
La presidencia de la entidad resultante, Gecopi, es compartida por los hasta entonces responsables de ambas gestoras: Orencio Osuna y Roberto Jiménez. Los objetivos de esta nueva entidad son «luchar por evitar el fraude, contar con un código deontológico y facilitar el acceso a una vivienda».
Los fantasmas del PSM
Los fantasmas de aquella vieja «trama inmobiliaria», el «tamayazo», la comisión de investigación... todo aquello parece sobrevolar de nuevo, esta vez sobre Morata de Tajuña. Como en aquel entonces, las desavenencias internas del Partido Socialista han vuelto a enturbiar la vida política con graves acusaciones y sospechas de corrupción.
El rechazo del PSM al Plan de Urbanismo de Morata -que prevé la construcción de 28.000 viviendas, 18.000 de ellas protegidas- ha provocado que la alcaldesa y otros tres concejales abandonen el partido. La dirección regional del PSM ha intentado desvincularse del «urbanismo desmedido» de Morata, en palabras de Ruth Porta, y aparecer como «paladín» de la lucha contra el interés espurio de los promotores. Como en 2003, los socialistas han intentado poner la pelota en el tejado de Esperanza Aguirre, con escaso éxito por el momento. De hecho, la Comunidad tan sólo ha recibido un avance del Plan de Urbanismo que ni siquiera establece el número de viviendas.
Lo cierto es que el «caso Morata» comienza a convertirse en una «bola de nieve». La gestora de cooperativas Gecopi se encuentra en el ojo del huracán desde que ABC revelara el pasado miércoles el papel que juega ante la aprobación del Plan General: la obtención de opciones de compra de suelo rústico a la espera de su recalificación en urbano.
No en vano, Gecopi presume, en su misma publicidad, del «acuerdo por la vivienda protegida y sostenible» en Morata de Tajuña», así como de «sus más de cien empresas gestoras, de sus 70.000 viviendas en gestión en 2005 y de más de diez años de experiencia en el sector inmobiliario».
Por si fuera poco, la sombra de la «operación Malaya» y del «caso Seseña» flota en el aire. La especial sensibilidad social que se está generando alrededor de los desmanes urbanísticos hace que el caso de Morata adquiera unas connotaciones muy especiales.
Un viejo conocido
Fernando Abad, secretario general de Gecopi, no es un desconocido en la política madrileña. El hoy responsable de una de las mayores gestoras de cooperativas, fue senador y diputado regional en la Asamblea, así como alcalde de Leganés. Su trayectoria en el Partido Socialista viene de lejos, ya que ingresó como militante en 1974.
En abril de 1994, Abad se vio implicado, junto con otro destacado socialista, el ex consejero Virgilio Cano, en un escándalo interno. Ambos fueron investigados por la Comisión de Etica del PSOE a raíz de las formulaciones sobre un supuesto aumento patrimonial no justificado. Ante dichas acusaciones, la Comisión de Etica emitió un dictamen en el que recomendaba la no inclusión de ambos diputados en las listas para las elecciones. Precisamente, en la actualidad ambos comparten un fondo mobiliario de inversión denominado «Madrid Emergentes Global FIM». Abad controla hoy en día Gecopi, que mantiene 14 cooperativas con opción de compra en Morata de Tajuña. Fernando Abad ha explicado a ABC que para ejercer la opción de compra ya han tenido que realizar ciertas aportaciones provisionales «aunque no puedo precisar las cantidades».
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