La cicerone socialista de la Infanta Cristina
Lola Bolay, la política que le ha ayudado a instalarse en Ginebra, dice que está lista para asumir sus responsabilidades
La Infanta Cristina (48 años) recibió en Ginebra, el pasado martes, la noticia de su imputación por un delito fiscal y de blanqueo, atribuidos por el juez José Castro al ser coproprietaria de Aizoon, empresa de la que se han desviado más de un millón de euros de dinero público desde el Instituto Noos. En la ciudad de Calvino, una de las más caras del mundo, fijó su residencia el pasado mes de agosto , junto a su marido Iñaki Urdangarín (45) y sus cuatro hijos.
Al conocerse la imputación de la Infanta, Lola Bolay, la ex diputada socialista del Gran Consejo de Ginebra que la recibió y le sirvió de cicerone a su llegada a la localidad, ha asegurado que, por muchas razones, Cristina de Borbón se presentará ante el Tribunal, ya que la Casa Real parece lista para asumir sus responsabilidades. Bolay, natural de Corme, en el municipio coruñés de Ponteceso, llegó a Ginebra en 1968, cuando tenía 10 años, a donde emigró con sus padres. Después de trabajar en la banca y en una multinacional francesa de productos químicos, optó por la política y fue elegida como diputada socialista en el cantón de Ginebra de cuyo parlamento fue presidenta. Ahora, las declaraciones de Lola Bolay cobran sentido con la reciente llegada a Madrid de la hija de los Reyes para reunirse con su abojado, Miquel Roca .
Mientras la Infanta regresaba a España, Iñaki Urdangarín se ha dejado ver estos días por las calles de Ginebra llevando a sus hijos al prestigioso colegio internacional de la Grande Boissière, donde cursan sus estudios; practicando footing en el casco antiguo, en una zona aledaña al número 12 de la Rue des Granges (célebre calle en la que vivía la antigua aristocracia ginebrina y en la que ahora reside la familia), o haciendo la compra en el supermercado local.
Silencio entre los vecinos
Los vecinos que con frecuencia se encuentran al matrimonio en sus idas y venidas a su lujoso ático, se resisten a pronunciarse sobre la imputación de la Infanta. Desde el pasado 7 de enero, el 12 de la Rue des Granges se ha convertido en una auténtica fortaleza, protegida por dos policías españoles que visten de paisano y a los que recientemente se ha sumado una pareja de guardias municipales. Ellos mantienen a cien metros de distancia de la entrada al inmueble a periodistas, fotógrafos y curiosos de todo tipo, e impiden que se capten imágenes de la Infanta o del resto de su familia.
Hasta ahora, la complicada situación que tiene frente a la Justicia española no había impedido a Doña Cristina hacer una vida lo más normal posible: cada mañana a las nueve llegaba a su despacho situado en la Aga Khan Development Network (AKDN) , además de acompañar a sus hijos en sus diversas actividades.
Comida en la pizzería
En su rutina suiza, la vida profesional de Doña Cristina ocupa un lugar importante, ya que complementa su remuneración de la Caixa con el salario que recibe de la Fundación Aga Khan. Estos ingresos le permiten hacer frente al enorme presupuesto que se necesita para vivir en Ginebra, la séptima en un ránking de las 214 ciudades más caras del mundo, según un estudio realizado por Cabinet Mercer. Las cifras que se barajan por el alquiler del ático sobrepasan los 100.000 euros anuales y las facturas enviadas por el colegio son unos 120.000 euros por sus cuatro hijos. El cine cuesta 20 euros y el café no baja de los 6 euros.
La Infanta se reunía estos días en España con sus abogados. Jesús María Silva, uno de ellos, la justificó aludiendo a «su fe en el matrimonio y amor a su marido», en el que «confía, ha confiado y seguirá confiando contra viento y marea». Y añadió: «No puede pretender que se diga: mujeres, cuando vuestros maridos os den algo a firmar, primero llamad a un notario y tres abogados antes de firmar».
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