Carmena tuvo categoría y sueldo de viceconsejera con Patxi López
Además de su pensión como juez, la líder de Ahora Madrid cobraba 83.000 euros al año
Ese informe la perseguirá mientras viva. En efecto. La alcaldesa «in péctore» de Madrid tras el acuerdo lanzado entre Ahora Madrid y el PSOE al objeto de impedir que en el Palacio de Cibeles continúe gobernando el Partido Popular, Manuel Carmena, realizó un informe para el Gobierno vasco que entonces presidía el lendakari Patxi López. Dicho trabajo fue rechazado tajantemente por las víctimas del terrorismo por considerar el mismo equidistante con los verdugos etarras.
Tanto es así que, durante la reciente campaña electoral municipal por Madrid, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, afirmó que «Carmena siempre se ha distinguido por inclinar la balanza del lado de los terroristas».
Carmena militó en el Partido Comunista desde 1961 a 1981 llegando a vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras nombramiento en el Senado a propuesta de Izquierda Unida. Tras jubilarse como magistrada en 2010, a comienzos del mes de febrero del año 2011 -con el Partido Socialista de Euskadi en el Gobierno autónomico con el apoyo parlamentario del Partido Popular- fue nombrada asesora del Gobierno vasco en materia de reconocimiento y atención a las víctimas de abusos policiales. Rápidamente, se puso en la preparación de los decretos que el ejecutivo de López aprobó a comienzos de 2012 en sucesos que acaecieron entre 1970 (el franquismo duraría cinco años más) hasta mediada la década de los 80.
La protectora de la exjuez no era otra que la actual secretaria general del PSOE en País Vasco, Idoia Mendia, entonces consejera de Justicia. Mendia creó una ponencia sobre damnificados a instancias del Parlamento Vasco, creando al mismo tiempo un «espacio administrativo» destinado a atender a esas víctimas.
El Gobierno socialista vasco aprobó, a comienzos de agosto de 2011, el nombramiento de Carmena -una de las fundadoras de Jueces para la Democracia- como asesora con rango de viceconsejera, que en ese momento tenía 66 años, integrándose en la Dirección de Derechos Humanos del Ejecutivo. Ello la convirtió en coordinadora de la mencionada ponencia con el rango administrativo ya descrito.
Su cometido fundamental era elaborar dos decretos que regularían las ayudas a estos damnificados. Uno de ellos se centraba en la presunta vulneración de derechos humanos en el País Vasco entre 1968 y 1978, y el otro abarcaba casos acontecidos entre 1979 y la actualidad. Una de las condiciones para poder acogerse era acreditar la condición de víctima de «motivación política». Carmena, que al parecer entonces ya cobraba su pensión a través de la mutua de los jueces, cobró mensualmente 6.500 euros brutos, es decir, 83.000 euros anuales.
El informe
En junio de 2013, la comisión coordinada por Carmena y de la que formaban parte gentes tan variopintas como el obispo emérito Juan María Uriarte -al que siempre se situó del lado de los etarras, Jon Mirena Landa-, y el abogado Ramón Múgica, presentó un informe sobre vulneración de derechos fundamentales en el País Vasco durante el último medio siglo.
En dicho informe, que presenta tres bloques de recomendaciones al Gobierno autónomico, se afirma que las personas muertas por causa de las Fuerzas de Seguridad fueron 94 y las heridas, 746. Afirma también que torturaron a más 5.500 persona. Respecto a los grupos parapoliciales y de extrema derecha, el informe subraya que produjeron 73 muertes y 426 heridos. No se olvida de ETA. Asesinaron a 837 personas y produjeron 2.600 heridos. Hasta 2.000 personas fueron obligadas a llevar protección física, realizaron 4.500 actos de kale borroka y «miles de personas fueron extorsionadas económicamente».
El informe nunca fue aceptado por las víctimas del terrorismo. La «equidistancia» resulta cruel, injusta y nada objetiva. Manifiestan al unísono que Carmena ha dictado sentencias durante su etapa como juez muy controvertidas y siempre a favor de presos relacionados con ETA, GRAPO o FRAP. En las primeras elecciones generales tras la restauración democrática fue candidata del Partido Comunista de España.
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