La Fundación de CDC prepara la secesión con dinero del Estado

«La fundación de Convergència, al servicio del 9N». Así reza el título del último editorial de la Fundación CatDem, vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Toda una declaración de principios sobre el nuevo rumbo de esta entidad, dirigida desde finales de julio por Joaquim Colominas. El relevo se produjo después de que su predecesor, Agustí Colomines, dimitiera tras criticar a ERC, actual socia del presidente Artur Mas en esta legislatura.

«Con este nombramiento, la fundación inicia una nueva etapa en la que, naturalmente, centrará todos sus esfuerzos en ampliar la mayoría social a favor de la victoria del doble “sí ” que Cataluña necesita», añade el editorial, en alusión a la doble pregunta sobre el Estado propio y la independencia que Mas quiere plantear el 9 de noviembre en una consulta. Para luego afirmar que «muchas han sido las muestras del rechazo sistemático del Estado español para reconocer la identidad propia y diferenciada de Cataluña». Se da la circunstancia de que ese «Estado español» del que se quiere desgajar Convergència, partido presidido por Artur Mas, ha otorgado subvenciones a esta Fundación que, en los últimos cuatro años, suman un total de 273.422 euros.

Así, el Ministerio de Cultura concedió en 2011 una ayuda de 119.423 euros. Al año siguiente, el Ministerio de Asuntos Exteriores dio 32.909 euros a esta entidad, para trabajos sobre «la consolidación democrática, «La oportunidad del cambio» y «Voces del Mediterráneo». Ya en 2013, Exteriores y Educación destinaron 28.106 y 61.860 euros, respectivamente a CatDem para estudiar «El Mediterráneo después de las primaveras» y «Liderazgo y desarrollo en Colombia». Este año, la ayuda de Exteriores asciende a 31.124 euros y Colombia y el Mediterráneo vuelven a aparecer como objeto de estudio. La Fundación CatDem, que antes se llamaba Trias Fargas, fue investigada por el juez por la supuesta financiación irregular de CDC a través del expolio del Palau de la Música.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, avisó ayer que no avalará una consulta si el Tribunal Constitucional la declara ilegal, sumándose así a la postura del consejero Santi Vila y a la del expresidente del Parlament, Joan Rigol.