El final de la instrucción del «caso Nóos» todavía se resiste

La instrucción del «caso Nóos» ha entrado ya en su recta final, pero por unas razones o por otras el juez instructor, José Castro, aún no ha podido dictar el auto de conclusión del procedimiento abreviado .

Uno de los últimos trámites que aún quedan pendientes es la comparecencia, en calidad de imputado, del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, el popular Alfonso Grau. La declaración tendrá lugar el próximo sábado, 31 de mayo, en los Juzgados centrales de la capital balear. El vicealcalde había declarado ya como testigo ante el juez en diciembre de 2011.

Castro imputó recientemente a Grau después de la petición formulada en este sentido por el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Valencia , a la que se sumó la Fiscalía Anticorrupción. Para los socialistas, Grau sería el responsable último de los contratos supuestamente irregulares firmados por el consistorio con el Instituto Nóos para la preparación de las tres ediciones del evento conocido como Valencia Summit, entre 2004 y 2006.

Por otra parte, ayer lunes el magistrado dictó una providencia en la que, entre otros asuntos, advierte a los gestores de Citibank España de que puede llegar a imputarles por un delito de «desobediencia grave contra la autoridad» en caso de que no le remitan de inmediato los datos bancarios solicitados el pasado mes de febrero.

En aquella fecha, Castro había pedido a cinco entidades que le entregasen los extractos de los movimientos bancarios de los Duques de Palma desde el 1 de julio de 2008 hasta el 1 de julio de 2010. En la citada providencia, el juez también le recuerda a otra entidad, Caixabank, que le ha de remitir la información solicitada hace tres meses en un formato legible para el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma.

Por otro lado, cabe recordar que la pasada semana la delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña dio respuesta a una reciente providencia de Castro, en la que el magistrado le había pedido a este organismo público que le confirmase si Iñaki Urdangarín cometió o no un presunto delito fiscal en su declaración del IRPF en 2007 y en 2008.

Según el informe remitido por la Agencia Tributaria al juez, Urdangarín «actuó con engaño» ante Hacienda en los dos años citados y habría cometido sendos delitos fiscales en ambos ejercicios. La cifra defraudada en 2007 ascendería a 182.000 euros, mientras que en 2008 habría sido de 155.000 euros, sumando 337.000 euros en total.