cataluña
PP y PSOE frenarán en seco a Artur Mas
El Congreso rechazará mañana por mayoría abrumadora ceder el referéndum del 9 de noviembre a la Generalitat
Pocas veces antes el Gobierno habrá tenido que afrontar una intervención tan fácil por su contenido jurídico como el rechazo que mañana, martes, propinará al Parlamento catalán en el Congreso de los Diputados. Aún así, la atención de La Moncloa es máxima ya que la dificultad residirá en los fuegos de artificio y el espacio negociador a los que deje espacio la retórica.
Con la única duda de si el autor del alegato será la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, o el propio presidente, Mariano Rajoy, -el viernes por la tarde parecía más probable este último-, el Ejecutivo rebatirá los argumentos de los tres diputados catalanes -Jordi Turull (CiU), Marta Rovira (ERC) y Joan Herrera (ICV)- recordando que ni la forma ni el fondo de la consulta caben en la Constitución , subrayan fuentes del Gobierno.
La idea central será simple: dado que la Carta Magna solo permite consultar lo que se va a decidir, y Cataluña no puede decidir jurídicamente su separación de España, el Estado no puede delegar al Parlamento catalán una facultad para consultar algo que no puede consultar .
Además, el Ejecutivo acompañará este «no» de la amplia batería de argumentos jurídicos que viene desplegando desde que la Generalitat puso en marcha su pulso secesionista, y que la sentencia del Tribunal Constitucional acaba de refrendar; Esto es, los artículos 1.2 y 2 de la Constitución que establecen que «la soberanía nacional reside en el pueblo español», la indisolubilidad de la Nación y la indivisibilidad de la patria de los españoles.
La soberanía es de España
Ni el Gobierno ni las Cortes Generales ni el Parlamento de Cataluña pueden privar de manera unilateral al Pueblo español de su derecho a decidir sobre su futuro colectivo por ser el único titular de su soberanía, recordará el Gobierno.
El Gobierno se apoyará también en los artículos 149 y 150 de la Carta Magna que atribuyen al Estado la competencia exclusiva para la autorización de la celebración del referéndum, y sólo permiten la transferencia de facultades de competencia estatal pero no la competencia estatal completa.
El Ejecutivo puede intervenir en el debate en el momento en que lo desee, sin aviso previo, pidiendo la palabra al presidente del Congreso, Jesús Posada. Y puede hacerlo, además, por tiempo ilimitado y por boca de varios miembros del gabinete. Dado que será el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, quien cerrará tanto la primera ronda de intervenciones como el turno de réplica, es de esperar que el Ejecutivo pida la palabra con cierta distancia para separar el mensaje .
No obstante, Moncloa prefiere por ahora mantener en secreto el quién, el cómo y el cuándo aprovechando la baza que le otorga el Reglamento del Congreso para mantener abierta y oculta su estrategia hasta el último momento. Parte de la culpa de este secretismo obedece a la sorprendente ausencia del presidente de la Generalitat , Artur Mas, en el debate y a su delegación en tres diputados para defender la petición de consulta.
«Viniendo Mas era evidente que el debate debía resolverse presidente a presidente, pero ahora hay que valorar si Rajoy debe discutir el futuro de Cataluña con tres parlamentarios». La mayor parte del equipo del presidente se inclinaba a finales de semana porque sea él quien intervenga en el debate dada la importancia de su contenido, al margen de su interlocutor. Para otra parte, en cambio, era mejor evitar un cara a cara presidente-diputado y dejar el enfrentamiento a la vicepresidenta.
PSOE: «Un nuevo escenario»
Por parte del Grupo Socialista es «casi seguro» que intervendrá Alfredo Pérez Rubalcaba para rechazar el referéndum «con el deseo también de abrir un nuevo escenario que permita buscar una salida política y consensuada a las aspiraciones de muchos catalanes», dicen a ABC fuentes socialistas.
El PSOE quiere que una subcomisión empiece a estudiar la reforma de la Carta Magna para «encajar» esas aspiraciones. Esta es «la única vía posible», en opinión de Ferraz, para buscar una salida a la crisis territorial que España afronta.
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