Torres-Dulce recuerda a Cataluña que la Justicia intervendrá si se traspasan los límites legales

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dejado claro a Cataluña que la Justicia interviene cuando se traspasan los límites de la legalidad y constitucionalidad y que en la Ley de Partidos Políticos están los criterios que suponen una ilegalización. «La Justicia interviene en aquello que es ilegal», ha dicho. No obstante, ha desmentido, pese a que así lo había publicado «La Razón», que la Fiscalía General del Estado esté investigando a la Asamblea Nacional Catalana, que está dispuesta a seguir adelante con su desafío independentista pese al fallo del Tribunal Constitucional, que esta asamblea califica de «irrelevante».

En un desayuno informativo de Europa Press, el fiscal general ha valorado de forma muy positiva la que resolución del TC sobre la declaración soberanista que recuerda que es en el pueblo español en el que reside la soberanía popular y ha resaltado al respecto la importancia de la unanimidad en el fallo. Sobre el «derecho a decidir» que algunos han querido entender como una puerta abierta a la consulta, Torres-Dulce ha señalado que la propia resolución del TC deja claro el marco de ese derecho a decidir (según los magistrados es una simple «aspiración o voluntad política»).

También se ha referido el fiscal general a la reforma de la justicia universal y no ha ocultado el malestar de la Fiscalía por que no se haya contado con el parecer técnico del Ministerio Fiscal como sí se ha hecho con otros informes como el de la ley de seguridad ciudadana.

No ha querido pronunciarse Torres-Dulce sobre los posibles vínculos de los vándalos del 22-M con grupos criminales o incluso terroristas, como Resistencia Galega . Y en este punto ha recordado que está a la espera de los informes policiales que determinarán si la competencia para investigar estos hechos ha de ser de la Audiencia Nacional. Sobre la presencia de observadores de la OSCE en la Marcha de la Dignidad que acabó con casi setenta agentes heridos, se ha negado a valorarla al tratarse de una cuestión «de naturaleza política».