El Gobierno renueva el reglamento de los CIE que dejó pendiente Zapatero

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14/03/2014
Actualizado a las 09:05h.

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El Consejo de Ministros aprobará este viernes el Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), las instalaciones policiales donde se retiene a los inmigrantes que van a ser expulsados del país, tras recibir el dictamen preceptivo del Consejo de Estado.

El reglamento es un imperativo de la Ley de Extranjería de 2009 que debería llevar en vigor, al menos, desde 2010 y que quedó pendiente en la última legislatura de gobierno socialista.

Tras la llegada de Jorge Fernández Díaz al Ministerio del Interior, se retomó la elaboración del texto, con un proceso consultivo que se ha demorado casi dos años y en el que han participado desde departamentos ministeriales hasta ONG, pasando por organismos como el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial o la Abogacía Española.

El último organismo en pronunciarse, como es preceptivo, ha sido el Consejo de Estado, que emitió un dictamen con toda una batería de recomendaciones y una sola observación esencial: que se garantice el derecho de los inmigrantes recluidos en los CIE sin los condicionantes que preveía el proyecto de Reglamento. Fuentes de Interior confirmaron que esta indicación sería aceptada, así como otras de las sugerencias del Alto Cuerpo Consultivo.

El dictamen del Consejo de Estado, al que ha tenido acceso Europa Press, considera en su dictamen que el Proyecto de Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) «introduce limitaciones o restricciones» al derecho de los inmigrantes recluidos a la atención sanitaria y, por ello, pide al Ejecutivo que modifique su redactado porque considera que «no resulta aceptable».

Como «observación de carácter esencial», pide la modificación del Artículo 17.2, que define el derecho a «recibir asistencia médica y sanitaria adecuada cuando sea necesaria a criterio de los Servicios Médicos y ser atendido por los servicios de asistencia social del centro».

A juicio del Consejo de Estado, ese inciso «supone una restricción al derecho que la Ley confiere» a los internos de los CIE «a recibir asistencia médica y sanitaria adecuada y ser asistidos por los servicios de asistencia social del centro».

El derecho a la atención sanitaria es la única observación de carácter esencial de un dictamen que, no obstante, eleva otras muchas recomendaciones al Gobierno, como respetar la denominación actual de los CIE en lugar de pasar a llamarlos «Centros de Estancia Controlada de Extranjeros (CECE)» , como está previsto.

En su opinión, «los cambios introducidos en el proyecto no tienen envergadura suficiente como para hacer de los centros una realidad distinta». Por eso, entiende que «resulta preferible mantener la actual denominación pues es cierto que de un modo genérico las normas se refieren así a ellos, con lo que otro nombre puede generar confusión».

Asimismo, pide que el texto garantice la asistencia jurídica dentro de los CIE , porque el proyecto «sólo contempla los servicios sanitarios y sociales», y que se fije «al menos una revisión del internamiento» transcurrido la mitad del plazo para «comprobar» que aún se dan las circunstancias que llevaron al mismo y que podrá llevarse a cabo la expulsión.

También en materia de derechos, propone eliminar las restricciones impuestas en los horarios de visitas y comunicaciones de los internos, garantizar que tengan acceso en todo momento a su expediente personal sea o no mediante un abogado y que se permita a los visitantes entrar con el teléfono móvil, algo que prohíbe el Reglamento y que debe «replantearse» porque es «desmesurado».

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