El PSN niega haber influido ante la Hacienda foral a favor de ningún contribuyente

El PSN-PSOE acusa a la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, de intentar involucrar al secretario general de los socialistas navarros, Roberto Jiménez, en las «gravísimas actuaciones protagonizadas por ella misma y por su consejera de Economía, Lourdes Goicoechea», que se investigan en la comisión de investigación sobre la Hacienda navarra y que «podrían ser constitutivas de un delito de tráfico de influencias».

El PSN-PSOE, a través de una nota de prensa, «niega tajantemente que Jiménez haya influido jamás ante la Hacienda foral a favor de ningún contribuyente» y rechazan similitudes entre la actuación del entonces vicepresidente del Gobierno de Barcina y «los reiterados intentos de usar fraudulentamente la Hacienda foral en beneficio de terceros por parte de la consejera Goicoechea».

Los socialistas consideran que la exhibición en la comisión por parte de la presidenta Barcina de un correo electrónico «privado» entre dos altos cargos de su Gobierno en 2012 (Álvaro Miranda, entonces consejero de Economía y Hacienda, e Idoia Nieves, exdirectora gerente de Hacienda), «además de que puede ser constitutiva de un delito de revelación de secretos, es un intento más de la presidenta para manipular la realidad con el objetivo de extender sobre Roberto Jiménez la sombra de la sospecha que pesa sobre las actuaciones de Goicoechea y de ella misma que están siendo investigadas por posible tráfico de influencias».

El PSN, en su defensa, sigue su ataque a la actuación de la consejera Goicoechea, señalando que «Jiménez no fue nunca el máximo responsable de la Hacienda foral ni el superior jerárquico de ningún funcionario de Hacienda. Goicoechea, sí».

Igualmente, añade que «Jiménez no intercedió jamás ante Hacienda por ningún contribuyente.Goicoechea, sí». Y concluye: «Jiménez no intentó jamás beneficiar a un tercero frente a Hacienda; Goicoechea, sí». Por lo que, incluyen en la nota los socialistas, «la superioridad jerárquica, los intentos de influencia ante la Hacienda, y el beneficio para terceros, concurren en las actuaciones de la consejera Goicoechea y pueden constituir delito de tráfico de influencias».

PSN ha puesto de manifiesto que nadie, excepto Barcina, «ha reclamado que se investigue la actuación de Roberto Jiménez mientras fue vicepresidente del Gobierno. Sin embargo, todos los grupos parlamentarios, incluido UPN, estuvieron de acuerdo en investigar las denuncias por injerencia e intromisión formuladas por una alta funcionaria contra Goicoechea y Barcina».