Jueces progresistas acusan al PP de querer «enterrar» la jurisdicción universal

Jueces para la Democracia (JpD) considera que la reforma de jurisdicción univeral (artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) que quiere llevar a cabo el PP a través de la proposición de ley que presentó hace unos días en el Congreso supone un evidente paso atrás en la lucha contra la impunidad en los crímenes que se cometan fuera de nuestras fronteras y en las posibilidades de actuación judicial en defensa de los derechos humanos. Así, la asociación judicial recuerda que, a diferencia de los expuesto en la Exposición de Motivos de la proposición de ley, que justifica la reforma en el respeto a la soberanía de otros Estados) «la jurisdicción universal no supone ninguna invasión de la soberanía ajena, pues únicamente se activa en los supuestos en los que el otro país no actúa ante los más graves crímenes de derecho internacional». Por tanto, se trata de hacer frente a la impunidad, concluyen, no de «usurpar atribuciones a otros Estados».

En su opinión, la proposición de ley restringe los aspectos subjetivos de actuación de la jurisdicción universal «hasta un nivel máximo». En el texto que ha presentado el PP se aboga por que los jueces españoles solo sean competentes para juzgar genocidios, delitos de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, «siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas».

Por ello, JpD entiende que esta reforma «no pretende una mejor regulación» de la jurisdicción universal, sino «enterrarla definitivamente». «Tras el primer paso que se dio con la reforma de 2009, ahora se acomete la acción decisiva para impedir el enjuiciamiento de los crímenes más graves cometidos fuera de nuestras fronteras y para conseguir de forma expeditiva el archivo de las causas que se siguen ante la jurisdicción de nuestro país», concluye.

Y es que si algo ha quedado patentes en los últimos años es el malestar de algunos países por lo que han considerado «intromisiones» de España. El último caso ha sido el de China, cuyas autoridades se han quejado ante las españolas por la investigación del genocidio en Tíbet . No solo se dará carpetazo a esta causa, dice JpD en su comunicado: al ser retroactiva la revisión de los nuevos requisitos, también provocará el archivo de la muerte de José Couso (en la que el juez Pedraz ha procesado y dictado órdenes de busca y captura contra tres militares estadounidenses) el genocidio en Guatemala , Ruanda o Sahara y el asesinato del jesuita español Ignacio Ellacurría en El Salvador, entre otras. En este ámbito, «resulta especialmente grave que nuestra legislación renuncie a la persecución de graves delitos con víctimas españolas», concluye.