Alaya interroga a otro sindicalista de CC.OO. y tres directivos de Nueva Rumasa

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía proseguirá este jueves la ronda de declaraciones en relación al ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga) con otros cuatro imputados, como son un sindicalista de CC.OO. y tres directivos del Grupo Nueva Rumasa, han indicado a Europa Press fuentes del caso.

De este modo, el primero en comparecer ante la juez Mercedes Alaya será Gonzalo Fuentes Guerrero, integrante de la federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO. en Málaga, a quien la instructora achaca que «no sólo sería conocedor de la inclusión de 'intrusos', sino que facilitaría el proceso».

También están citados ante la juez Alfonso Espinosa y Javier Bertola, directivos del Grupo Nueva Rumasa «que conocerían el presunto tráfico de influencias a favor del grupo ejercida ante la Junta de Andalucía» por el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas «para la financiación de las prejubilaciones de los diversos ERE de empresas de Nueva Rumasa, y los que ordenarían los pagos a Juan Lanzas a razón de cien millones de pesetas por cada ERE».

Por último, la instructora ha citado a Manuel Sánchez Marín, abogado y director de administración del Grupo Nueva Rumasa, pues entiende que en su despacho de abogados «se tramitaban todas las ayudas ante la Junta», precisando que «nada más que Hotel Cervantes parece que recibiría 12 millones de euros de IDEA, pues además del ERE se llevó a cabo la reforma del hotel».

La ronda de declaraciones vinculadas al ERE del Hotel Cervantes comenzó este miércoles con José Cabrera Molina, miembro del comité de empresa como secretario de la sección sindical de CC.OO. y prejubilado en el ERE del Hotel Cervantes , a quien la instructora también achaca que «no sólo sería conocedor de la inclusión de 'intrusos', sino que facilitaría el proceso».

Este miércoles también compareció ante la juez, imputado por malversación, Antonio Isla Barba, quien fue gerente de Viajes Marbesol y que, según la juez, «introduciría en el ERE relativo al citado hotel a Carlos Andrés Sendino, trabajador de Viajes Marbesol», con el objetivo de que éste «se acogiera al plan de prejubilaciones derivado del ERE a pesar de que no reunía los requisitos para ello».

La juez también imputó un delito de malversación a Miguel Rodríguez Ortega, quien, según Alaya, como director del Hotel Cervantes «firmaría» la solicitud del ERE «a sabiendas de la inclusión de dos personas que no tenían derecho a las prejubilaciones pactadas, falseando presuntamente los datos contenidos en las fichas relativas a ambos trabajadores respecto a la fecha de antigüedad en el hotel».