El escrito que desbarata las acusaciones de Castro contra la Infanta, punto por punto
El fiscal Anticorrupción dice que no se puede imputar a nadie sólo por «dudas» sobre su actuación y defiende la labor llevada a cabo por los funcionarios de Hacienda en el «caso Nóos»
Según consta en el escrito dirigido este miércoles al juez José Castro por el fiscal Pedro Horrach , «deviene imprescindible» que declaren los dos peritos y la inspectora de Hacienda que desde el principio han estado participando en la investigación del «caso Nóos» , entre otras razones «para evitar que se siga manteniendo la tesis inculpatoria contra Doña Cristina de Borbón basada en la absurda y denigrante teoría de una supuesta manipulación tendenciosa ». Asimismo, deberían declarar por segunda vez, en calidad de testigos, los representantes de diversas empresas para las que Iñaki Urdangarín habría estado trabajando como asesor. Finalmente, Horrach pide también la comparecencia de la Inspectora Jefe del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, al ser la persona «que ha liderado» la investigación policial del «caso Nóos».
El fiscal señala que Castro ha construido su tesis «inculpatoria» de la Infanta sobre la base de sus «discrepancias» con los técnicos de Hacienda. Horrach recurre a la ironía cuando en los fundamentos jurídicos de su escrito afirma que «estará de acuerdo conmigo el instructor que la citación requiere inexcusablemente de la existencia, como mínimo, de la apariencia de un acto punible previo basado en indicios reales y consistentes». A continuación, el Ministerio Público recuerda las «dudas» expresadas por el propio juez en su auto del pasado 7 de enero respecto a un posible delito fiscal presuntamente cometido por la Infanta. Por ello, «es imperativo citar a quienes pueden y deben despejar sus dudas», sin olvidar que las dudas «no sirven como base de una imputación».
Más adelante, Horrach hace referencia a los gastos personales cargados a Aizoon, la mercantil cuya titularidad compartían al 50 por cien los Duques de Palma. En este sentido, señala que «el hecho de imputar gastos personales ajenos a la actividad mercantil como costes de explotación no se contempla en el Código Penal como figura delictiva». En la misma línea, añade que, en cualquier caso, «el importe de la cuota presuntamente defraudada» debe ser una cuestión que aclaren los citados funcionarios de la Agencia Tributaria .
A continuación, el fiscal reprocha a Castro que en su último auto no determinase las cuotas que la Infanta podría haber supuestamente defraudado en sus declaraciones del IRPF, «cuando hacerlo resulta sumamente sencillo». Asimismo, también cuestiona la labor del juez a la hora de analizar los informes que recibió de la Agencia Tributaria . Así, siendo «encomiable» la labor del magistrado en este punto, «era innecesaria», pues en relación a las facturas emitidas sería «más riguroso el informe de la Agencia Tributaria que el análisis del magistrado». Una y otra vez, Horrach recuerda que para que haya delito fiscal debe superarse la barrera de los 120.000 euros defraudados en un año, situación que el propio juez consideraba como «escasamente probable». El fiscal va más allá y la considera «materialmente imposible».
El Ministerio Público también critica el trabajo de Castro cuando el magistrado toma en consideración en su auto, de manera separada, tres facturas emitidas en 2007 por la mercantil Inuit -que formaba parte del entramado de Nóos- a Aizoon, que en realidad sería un «movimiento de fondos» entre Urdangarín y su exsocio, Diego Torres . «Si el juez instructor tiene otra teoría acerca del reparto del beneficio entre los dos responsables del Instituto Nóos, es hora de que la exponga», afirma con ironía el fiscal en su escrito.
Finalmente, Horrach también discrepa del planteamiento del juez y de la acusación popular, representada por Manos Limpias, sobre determinados trabajos de asesoramiento desarrollados por Urdangarín para varias empresas, trabajos que para la Agencia Tributaria, la Abogacía del Estado y el propio fiscal serían «servicios personalísimos» cuya facturación sólo sería imputable a Urdangarín y no a Aizoon.
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