Suspendida la declaración como testigo del exjefe de Seguridad del PP porque puede ser imputado

El juez Pablo Ruz ha suspendido las declaraciones como testigo de Antonio de la Fuente , ex jefe de Seguridad del Partido Popular (PP) y cuñado de Bárcenas, y de Laura Montero , encargada de obras de la empresa que reformó la sede del PP. El motivo es que un nuevo informe de la UDEF puede provocar un cambio en la condición de De la Fuente y Montero, de testigos a imputados.

Para no causarles indefensión, el fiscal, que se inclina por la imputación, ha solicitado la suspensión a la espera de que las partes examinen el informe. Esta pieza separada del caso Gürtel investiga una contabilidad paralela del PP.

Antes ha declarado el excontable de la empresa que reformó Génova 13, Juan Rodríguez. Ha asegurado que «ningún cliente pagaba nunca en efectivo». El exempleado de la firma Unifica ha sido preguntado por la no coincidencia entre la facturación y los certificados de obra. Se ha limitado a decir que él facturaba las cantidades que le encargaba su jefe, el arquitecto Gonzalo Urquijo, imputado por haber cobrado, supuestamente, 888.000 euros, una parte de la reforma, en dinero negro.

La declaración como testigo del exjefe de Seguridad del PP iba encaminada a aclarar su papel en el «seguimiento» de la reforma . Por otro lado, De la Fuente, pidió al arquitecto que le hiciera «un presupuesto ficticio» de 100.000 euros para presentarlo en el banco y pedir una ampliación de su hipoteca. Así consta en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en el que se incorporan una serie de correos electrónicos obtenidos en el registro de Unifica, la empresa de Urquijo, que detallan las relaciones que su responsable mantenía con Bárcenas, De la Fuente y el exgerente del PP Cristóbal Páez. En un correo del 29 de diciembre de 2008, una trabajadora de Unifica se dirige a Urquijo para hacerle saber que De la Fuente le había pedido que le hiciera el citado presupuesto.

El magistrado, que interrogó el lunes a Urquijo, Páez y la jefa de Obra, María Rey, investiga en una pieza separada del 'caso Gürtel' l a existencia de una «contabilidad paralela o en B» en el PP que se habría desarrollado de forma «continua en el tiempo». Ruz llegó a esta conclusión a partir de un informe policial, la coincidencia de tres pagos por valor de 888.000 euros, computados en 2008 en la supuesta contabilidad opaca del extesorero Luis Bárcenas, que coincidían con anotaciones halladas en el registro de la empresa Unifica, que llevó a cabo las obras de Génova.

El instructor apuntaba que de esta forma se confirmaba «a nivel indiciario» la existencia de «una cierta corriente financiera de cobros y pagos» en el PP al margen de su contabilidad oficial que habría sido utilizada para pagar a Urquijo, al que imputó como autor de un delito contra la Hacienda Pública del que habrían sido cooperadores necesarios tanto Páez como Bárcenas.