El Gobierno, ante el desafío catalán: «No hay nada que discutir ni negociar»

El diálogo y la ley eran la doble respuesta con la que el Gobierno de Mariano Rajoy quería hacer frente al desafío independentista de Artur Mas . Pero el diálogo tenía un límite, que los nacionalistas catalanes ya han sobrepasado al anunciar un referéndum inconstitucional , según considera Moncloa. «No hay nada que discutir ni que negociar» respecto a la consulta independentista, subrayó ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría . Los contactos que se produzcan serán, en todo caso, para que los catalanes «se vean lo menos perjudicados posibles por un proceso» que va a «fracturar la sociedad, alentar la división y generar entre los ciudadanos una sensación de incertidumbre».

Hasta ahora, el Ejecutivo mantenía esa disposición a negociar con Artur Mas sobre cuestiones relacionadas con la economía, las inversiones e incluso la financiación. El presidente del Gobierno y Mas se reunieron el pasado mes de agosto en el Palacio de la Moncloa para buscar acuerdos, siempre dentro de la Constitución. Y fue justo después cuando el presidente de la Generalitat se comprometió públicamente a no dar un solo paso que violentara la ley . El jueves ese compromiso saltó por los aires. Y el diálogo con el Gobierno de la Nación se ha visto así dañado.

Santamaría eludió ayer, tras el Consejo de Ministros , reiterar ese ofrecimiento de mano tendida que hasta hace dos días era continuo por parte del Gobierno hacia CiU. En su declaración del jueves , Rajoy advirtió de que los independentistas han cruzado la línea roja de la ley, y a partir de ahí el Gobierno actuará para impedir que se celebre la consulta.

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La vicepresidenta insistió en que la consulta es inconstitucional , porque corresponde a todos los españoles «decir cómo se organiza España» territorialmente. Por tanto, «no forma parte de la capacidad de negociación» del Gobierno. Eso sí, seguirá trabajando para fortalecer «los lazos económicos, sociales, políticos y afectivos de los catalanes con el resto de los españoles». Moncloa quiere dejar claro que el Gobierno lo es de todos los españoles, incluidos los catalanes, y por tanto hará lo posible para que estos «puedan seguir recibiendo servicios públicos o cobrar las nóminas». Y por eso, el Ejecutivo está supliendo las necesidades de financiación, ante las dificultades que presenta esta Comunidad.

Mientras, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal , afirmó que los españoles deben estar tranquilos porque el PP va a defender las leyes y «no va a permitir que nadie rompa nuestro país», informa Efe.

Cospedal explicó que la unidad de España es «incuestionable» y que tanto el Gobierno como su partido van a defender tanto el pasado común de los españoles como el presente y el futuro como nación. Pidió, además, a todos los partidos, y especialmente al PSOE, que tengan una postura clara y contundente en toda España y añadió que es «muy importante la unión de todos los partidos» y que las respuestas sean claras y contundentes, que nadie «se ponga de medio lado».

También el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso , cree que conocer el texto y la fecha de la consulta soberanista en Cataluña va a tener un «efecto no deseado» por los nacionalistas, ya que va a reforzar la unidad de los españoles y de las fuerzas políticas en defensa de la nación y de los valores constitucionales.