El embrión del «CNI catalán» reclamó a Gordó más dinero y atribuciones en 2012
El ex director de Cesicat, que cesó tras las denuncias de «espionaje», pidió al entonces secretario de Gobierno competencias en datos ciudadanos

Oficialmente, el Gobierno catalán no dispone de un centro de inteligencia como la CIA estadounidense o el CNI español. Pero las actividades realizadas por un oscuro Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat) se acercan bastante a las que realiza cualquier servicio secreto. Según consta en la denuncia presentada ayer por el PP en la Fiscalía, Cesicat, en coordinación con los Mossos d’Esquadra, ya ha utilizado programas espías y ha hecho seguimiento de altos cargos de la Generalitat, diputados, activistas sociales y abogados , entre otras actividades que podrían vulnerar el derecho a la intimidad y a la privacidad.
Un informático denunció
La conexión entre Cesicat y la Policía autonómica tiene nombre propio: Felip Puig . El dirigente nacionalista es actualmente consejero de Empresa y Ocupación de la Generalitat, departamento del que depende Cesicat. Pero en 2012, Puig era consejero de Interior. En esa anterior legislatura, Germà Gordó , actual consejero de Justicia, ocupaba el cargo de Secretario de Gobierno y tenía constancia de los movimientos de Cesicat a través de Carles Flamerich, director de este centro y que el pasado mes de noviembre dimitió después de que trascendiera que se había espiado a activistas, periodistas y diputados en las redes sociales. Según un documento al que ha tenido acceso ABC, Flamerich pidió en junio de 2012 a Gordó que ampliara el presupuesto de Cesicat de uno a 8 millones de euros, y que el personal destinado pasara de 8 a 29 personas. También reclamó el traspaso de competencias en materia de certificación digital, identidad y firma, bases de datos (BBDD) ciudadanos, asesoría, así como participar en proyectos de agencia tributaria, entre etros. De hecho, la partida destinada a este organismo se ha disparado en dos años, pues ha pasado de 942.000 euros a cinco millones presupuestados para 2014. Sobre esa ampliación de atribuciones se basa el informe, desvelado por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera , «Agencia Nacional de Seguridad», que absorbería el actual Cesicat y funcionaría como una central de inteligencia.
En sede parlamentaria, el presidente Artur Mas negó tener conocimiento de ese informe. En este documento, se aconseja entrar en contacto con los servicios de inteligencia de Israel a través de los vínculos que tiene la Ertzainzta . También se cifra en 300 el número de agentes de los Mossos d’Esquadra que estarían a disposición de esa Agencia, y se cuantifica en 28 millones de euros el presupuesto necesario.
Creado por el tripartito
Una «estructura de estado» , en definitiva, que la que el Gobierno catalán trabaja de cara a una virtual independencia de Cataluña. Pero actualmente, es Cesicat el órgano que ejerce como servicio secreto catalán. Este embrión del «CNI catalán» está situado en Reus (Tarragona) y fue creado en 2009 cuando gobernaba José Montilla (PSC). Según explican en su web, sus objetivos son «el «establecimiento de una estrategia global de seguridad de la información para Cataluña», «el apoyo a la protección de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) en las infraestructuras críticas» o «la promoción del tejido empresarial en seguridad de las TIC en Cataluña».
Pero de la denuncia que los populares catalanes han presentado, así como de la tramitada el martes por el PSC, se desprende la relación constante entre la Policía autonómica y Cesicat, hasta el punto que los Mossos podrían encargar informes sobre perfiles o publicaciones que consideraran destacables. Los populares van más allá y aportan pruebas de la «transferencia de recursos públicos» por importe de 3.105.078 euros desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información a Cesicat. «Dicha actividad no relacionada con la investigación de ilícitos penales es más propia de una policía política carente de cobertura legal por cuanto en absoluto está justificada dicho control social», afirma el PP.
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