Un año contra las tasas judiciales

Justicia para Todos vuelve a las calles para denunciar unas tasas que han impedido el acceso a la Justicia de quienes menos tienen y preguntan adónde ha ido a parar los recaudado

Un año contra las tasas judiciales andrés carvi (cgae)

m. ruiz castro

20/11/2013
Actualizado a las 18:48h.

Cinco recursos de inconstitucionalidad interpuestos, un año de concentraciones y paros y haber puesto de acuerdo por primera vez en la historia democrática a todos los actores reales de la Justicia española. La ley de Tasas Judiciales cumple un año de vigencia y, quienes advirtieron entonces de lo pernicioso de su implantación, sostienen un año más tarde que sus «peores augurios» se han confirmado.

«Imaginen que para descongestionar la Sanidad se impidiera el acceso de los enfermos a los Hospitales. Eso es lo que han hecho las tasas judiciales: se han reducido los litigios a costa de dejar fuera del sistema a los que menos recursos económicos tienen ». Son palabras del portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch , durante la rueda de prensa convocada este martes por la plataforma «Justicia para Todos» para dar cuenta del manifiesto que han elaborado tras un año de tasas.

Se han reducido los asuntos, confirmándose un «efecto disuasorio» para el acceso a la Justicia del que ya advertían los distintos colectivos. Como señaló Bosch, «el peso de la tarjeta de crédito» ha condicionado el necesario equilibrio de la balanza que en su mano derecha sostiene la Dama de la Justicia, metáfora de la pugna entre acusación y defensa.

La otra cara de la moneda son empresas y ciudadanos con mayores recursos económicos que no han sufrido privación alguna en el acceso a la justicia, ni siquiera en su «abuso». Además, las tasas han favorecido el «abuso e impunidad de las Administraciones Públicas», exentas del pago.

A qué se destina lo recaudado

Cuando el Ministerio del Justicia —con Alberto Ruiz Gallardón a la cabeza— aprobó la Ley de Tasas, se comprometió a destinar el importe de las mismas a mejorar la asistencia jurídica gratuita. Sin embargo, los diferentes colectivos que conforman la plataforma «Justicia para todos» se preguntan adónde han ido a parar los 103 millones de euros recaudados hasta septiembre de este 2013 , una cifra muy inferior a la prevista por el Ministerio, que hablaba de 306 millones de euros para todo el año.

«Se desconoce el destino de la recaudación y ni siquiera figura en el presupuesto de 2014 del Ministerio de Justicia» , señala el manifiesto. Bosch sostiene que «las partidas para el año próximo están congeladas» a pesar de que la crisis ha incrementado el número de personas que necesitan este servicio. Su objetivo es «puramente recaudatorio».

Además, el Ejecutivo está ultimando el proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana , que previsiblemente aprobará este viernes y que prevé multas de hasta 600.000 euros por acciones como rodear el Congreso de los Diputados. Esta nueva norma, unida a la reforma del Código Penal, supondrá que muchas faltas perderán su carácter penal y pasarán a ir por la vía administrativa, por lo que los ciudadanos que pretendan recurrirlas tendrán que pagar tasas judiciales. «El ciudadano tendrá mermada su capacidad de defenderse» , señaló desde la Unión Progresista de Fiscales su vocal Carlos García.

Piden agilidad al TC

El presidente del Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado —que no pudo estar presente en el acto pero envió un comunicado— fue el primero en pedir al Tribunal Constitucional que resuelva cuanto antes los recursos presentados contra la Ley de Tasas y valore «las desproporcionadas cuantías de las tasas, que incluso ganando un recurso de apelación no se recupera».

Este mediodía, jueces, magistrados, abogados, fiscales, secretarios judiciales, sindicatos, funcionarios de la Administración de Justicia y asociaciones de consumidoresestán llamados a concentrarse frente a los juzgados de toda España contra un año de vigencia de las tasas. Pero no sólo los actores de la Justicia. Tanto el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, como la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, han pedido a «toda la ciudadanía» que salga a la calle, «porque todos somos justiciables y nuestros derechos están en juego».