El Congreso proclamará que Cataluña no pueda declararse independiente

El Congreso está a punto de proclamar que «bajo ningún concepto, una parte de la ciudadanía puede decidir sobre la organización territorial del Estado, ni sobre cualquier otro aspecto o precepto de la Constitución, excluyendo al resto de dicha eventual decisión». Una advertencia en toda regla a la Generalitat y sus socios en el Gobierno catalán, Esquerra, sobre el resultado que cosechará la propuesta de celebración de consulta si finalmente deciden elevarla hasta la Cámara Baja.

La proclamación parte de una moción de UPyD que ha recibido los votos del PP después de que el grupo que lidera Rosa Díez decidiera añadir una transaccional para recoger la sensibilidad que tanto el grupo mayoritario como el PSOE expresaron en sus enmiendas, después de rechazar ambas. A esta hora, sin embargo, en el seno del PSOE hay fuertes diferencias de opiniones y, según admiten fuentes del grupo, aún no han decidido el sentido de su voto.

El texto aprobado también afirma que «ninguna autoridad o poder público tiene derecho a privar a todos o parte de los ciudadanos residentes en su territorio de los derechos y libertades que la Constitución Española reconoce y garantiza a todos y cada uno de los españoles». Y continúa proclamando que en un Estado social y democrático y de Derecho «nadie está por encima de la Ley y no puede permitirse trocear el cuerpo de la ciudadanía ni redefinir el sujeto de la soberanía nacional que no es otro que el pueblo español, único que puede ejercer, por los cauces legalmente establecidos, el «derecho a decidir» sobre la unidad de la nación y los derechos del conjunto de los ciudadanos».

El cuarto punto de la transaccional respalda la tesis del Gobierno al apuntar que la Constitución es desde hace más de 30 años el marco de convivencia entre los españoles y «reconoce la importancia de la seguridad jurídica y la lealtad institucional que los poderes públicos tenemos la obligación de preservar».

Por último, reafirma la vigencia de los artículos 1.1 y 1.2 de la Carta Magna que establecen que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político y que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.