Fernández Díaz: el PSOE pudo cambiar el Código Penal cuando ETA «mataba por centenas»
El ministro del Interior no permitirá que los etarras sean «recibidos en sus pueblos como héroes»
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz , cree que el primer error en relación con la doctrina Parot fue dejar pasar «demasiado tiempo» antes de elaborar el «llamado Código Penal de la democracia», que data de 1995, cuando a su juicio hubo «tiempo más que suficiente» y los Gobiernos del PSOE podían haberlo hecho con su mayoría absoluta.
En una entrevista en Onda Cero, Fernández Díaz ha lamentado que el Código Penal no se reformase en los «años de plomo» de la década de los ochenta , cuando ETA «mataba por decenas, sino por centenas». Sin embargo, el primer Código Penal de la democracia no llegó hasta 1995, con Juan Alberto Belloch como ministro de Interior y es más estricto con el cumplimiento íntegro de las penas y la posibilidad de redención de condena.
El anterior Código databa de 1973 y el ministro ha llamado la atención sobre cómo es posible que, desde el punto de vista de los Derechos Humanos, sea mejor para un terrorista ser juzgado con un Código Penal franquista. Eso sí, ha puntualizado que ambos códigos no se pueden comparar -«sería como comparar peras con manzanas»- porque el de 1973 contemplaba la pena de muerte, pero ésta quedó derogada con la Constitución.
Por otro lado, el ministro ha recordado que con la anulación de la doctrina Parot pueden salir de la cárcel «asesinos» cuya excarcelación «va a causar profunda alarma social» por la gravedad de los crímenes que cometieron .
En el ámbito de Interior, ha advertido de que «libertad no significa impunidad» y ha puntualizado que no permitirá que los etarras que puedan ser excarcelados sean «recibidos en sus pueblos como héroes con actos de humillación de las víctimas y enaltecimiento del terrorismo». Eso, ha avisado, sería «cruzar una línea roja» prohibida por la ley.
«Doloroso»
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por su parte, ha dicho que la decisión de la Audiencia Nacional de acordar la libertad de la etarra Inés del Río es consecuencia del «cumplimiento doloroso» del fallo de Estrasburgo.
Ruiz-Gallardón se ha mostrado convencido de que «si alguna vez es duro el ejercicio de la función de juez y fiscal es cuando hay que adoptar este tipo de decisiones, además en contra del criterio que ha mantenido históricamente la Justicia en España, desde el Tribunal Supremo al Tribunal Constitucional».
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