El Gobierno aprueba la reforma que permite sancionar a gasolineras flotantes

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el nuevo régimen de sanciones e infracciones que acompañára a la actual Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad que el Gobierno tramitará por vía de urgencia para que su entrada en vigor se produzca a primeros del próximo año, según ha explicado en la rueda de prensa posterior el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Este nuevo régimen tipificará como infracción «muy grave» los rellenos y la práctica del «bunkering» -el suministro de combustible entre buques no atracados- en todas aquellas aguas con la consideración de Zona de Especial Protección, una titularidad que, en este momento, sólo ostenta la Bahía de Gibraltar. Con este endurecimiento de la normativa, el Gobierno intenta poner freno a ambas actividades en medio de una fuerte crisis con Gibraltar.

El Consejo de Ministros ha aprobado también el proyecto de ley de Evaluación Ambiental con el pretende reducir de más de tres años a sólo cuatro meses los plazos de espera de los proyectos que necesitan una evaluación de impacto, y también ha dado luz verde al nuevo macroregulador de los mercados que, según la memoria económica que lo acompaña, permitirá ahorrar al erario público 28 millones de euros al año principalmente en sueldos, tal y como ha detallado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Se fusionan los cinco organismos reguladores existentes y se integran las funciones de otros tres organismos pendientes de crear en una Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que tendrá su sede principal en Madrid, pero conservará una sede secundaria en Barcelona para realizar todas las funciones referidas a Telecomunicaciones. Su presidente será José María Marín Quemada.

Durante la rueda de prensa, la número dos del Gobierno también ha dejado ver que los puentes con el PSOE están rotos y que el diálogo no es fructífero, lamentando que el principal partido de la oposición no hay querido «participar» en la elección de los consejeros de este nuevo órgano, un proceso en el que sí han participado CiU y el PNV.

Ordenadores de Bárcenas

Como suele ser habitual, Sáenz de Santamaría ha eludido las preguntas referidas al caso Bárcenas pese a la insistencia de los periodistas en querer conocer la posición del Gobierno respecto al borrado de información de los ordenadores que empleó el extesorero cuando aún disponía de despacho en Génova. La vicepresidenta ha considerado que se trata de una investigación judicial y que corresponde a los jueces y no al Ejecutivo dictaminar sobre los hechos.