La izquierda persiste en su acoso a la juez Alaya
La instructora del caso de los ERE fraudulentos financiados por la Junta de Andalucía sufre desde el inicio de la investigación constantes ataques
De los comentarios pretendidamente jocosos y trufados de cierto machismo, se ha pasado a las críticas sin disimulo cargadas de amenazas. La magistrada Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, responsable de investigar la trama de los ERE fraudulentos financiados por la Junta de Andalucía, ha sido objeto de múltiples presiones con la presumible pretensión de condicionar el trabajo e influir en sus decisiones. Vano intento. Mercedes Alaya, que invariablemente aparece en los medios con semblante serio y cabeza erguida a la entrada y salida de los juzgados, ha permanecido impasible ante estos ataques y únicamente ha respondido con el instrumento que utilizan los jueces: Los autos.
Trinidad Jiménez, exministra y actual secretaria de Política Social del PSOE, ha sido la última en sumarse a la campaña de acoso a la juez Mercedes Alaya, a la que pidió este pasado jueves que actúe con «celeridad», porque «lo que queremos –dijo– es que la juez termine ya con el proceso que está siendo bastante largo».
Después de que el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra insinuara a finales de 2011 una supuesta vinculación personal entre Alaya y el alcalde de Sevilla y juez en excedencia, Juan Ignacio Zoido, posteriormente matizada, ha sido el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, uno de los que más ha cuestionado la labor de la magistrada.
De Llera, que ejercía de fiscal hasta que entró a formar parte del Ejecutivo de José Antonio Griñán, acaparó grandes titulares cuando dijo en mayo del pasado año que Alaya «trabaja mucho y encima sigue guapa». Paradójicamente, en la pasada primavera aseguró que no descartaba que Alaya pudiera ser sancionada si, según su opinión, sigue retrasando la instrucción del caso . Y hace escasas semanas, volvió a la carga y acusó a la juez de «falta de imparcialidad».
Tribunal Supremo
No le ha ido a la zaga en sus críticas a la juez Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal Supremo, institución que según los socialistas es a la que ya debería remitir el caso la juez. Moliner declaró en mayo que no veía «normal ni aceptable» el retraso de Alaya y que «si se sigue demorando» podría derivar en la apertura de un expediente disciplinario.
Diego Valderas (IU), vicepresidente de la Junta, aprovecha la más mínima ocasión para cuestionar a la magistrada, a veces para que «acelere» la instrucción, o a veces, como el pasado miércoles, para que «pase página», petición que ha tenido que aclarar porque «se ha malinterpretado».
Pero fue a raíz de uno de los últimos autos de la juez, conocido a principios de julio, en el que imputaba a la exconsejera y exministra socialista Magdalena Álvarez y al viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, cuando se desató abiertamente la hostilidad contra Mercedes Alaya.
El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, apuntó que la resolución judicial «no contiene absolutamente ningún reproche penal» y consideró que era «manifiestamente recurrible». A la par, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, proclamó que el auto «carece de todo fundamento jurídico y que acabará «en nada». Y hasta el expresidente del Gobierno Felipe González se prestó a descalificar el auto. Se mostró «asombrado» por la imputación de Magdalena Álvarez «sin señalar ningún indicio de delito».
El portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, utilizó su blog personal para criticar a la juez por la «indefensión y el escarnio público gratuito» que a su entender estaba sometiendo a servidores públicos «honestos». Para Vázquez, la magistrada estaba imputando «al margen del Código Penal». E insistía: «Quizá esta imputación no llegue a ningún sitio, pero el daño político y personal que están padeciendo ya estas personas será irreparable». La juez, decía, «imputa a los no aforados para no perder la causa, dentro de la investigación de un posible fraude de los expediente de regulación de empleo».
El PSOE andaluz, a través de su vicesecretario general, Mario Jiménez, llegó a acusar a la juez de abrir «una causa general por motivaciones políticas» contra los gobiernos de la Junta, los presididos por Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En el recurso que presentaron los servicios jurídicos de la Junta contra el auto, pese a ser el Gobierno andaluz acusación particular en el proceso, se hacían valoraciones del siguiente tenor: «El camino elegido es harto peligroso para el sistema democrático», y supone «un ataque frontal al Estado de Derecho»,
La juez rechazó el recurso en un auto en el que exponía: «Parece más propio de una defensa que de una acusación particular» , lo que «llama la atención por la aireada actitud de colaboración que pregona para sí la Junta de Andalucía».
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