Bárcenas comparece con una hora de retraso por primera tras el «chantaje»

Luis Bárcenas se enfrenta desde las 11:17 de este lunes a su décima comparecencia ante el juez, la primera tras su cambio de estrategia y de abogado. El extesorero del PP ha sido conducido en un furgón de la Guardia Civil desde la prisión de Soto del Real hasta la sede de la Audiencia Nacional, donde ha llegado hacia las 9.25 horas. El furgón iba escoltado por otros tres vehículos, dos de ellos camuflados. Se trata de la primera vez que Bárcenas llega a las dependencias judiciales en el transporte que utiliza el instituto armado para la conducción de presos.

El inicio de su declaración estaba previsto para las diez y media de la mañana, pero se ha retrasado debido a que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor de la causa que investiga la presunta contabilidad B del PP, debía interrogar en primer lugar a varios detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales desarrollada el pasado viernes. Finalmente Bárcenas se encuentra ya declarando, desde las 11:17 horas.

Ahora, básicamente, tiene tres opciones: negarse a declarar, mantener su inocencia y la falsedad de la supuesta contabilidad «b» —como hizo ante la Fiscalía Anticorrupción tras la publicación de las fotocopias— o autoincriminarse para sostener la campaña de acoso y derribo contra el PP y, principalmente, contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Los mensajes publicados ayer revelan que el imputado presionó al Gobierno para librarse de la Justicia y que, al no conseguirlo, sus amenazas se están convirtiendo en hechos. Desde La Moncloa se habla de «chantaje».

Tanto ayer como el sábado, su nuevo letrado, el exjuez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño , lo visitó en la cárcel para preparar su declaración. Si Bárcenas opta por cambiar su última versión dada en sede judicial y reconoce la autoría de los «papeles», lo único relevante por la vía penal sería el pago de comisiones por parte de constructoras a cambio de contratos públicos.

Si el extesorero mantiene esta tesis, tendrá ante sí dos abismos:el primero es demostrar que hubo licitaciones públicas amañadas;el segundo, es que para ello debe pegarse «un tiro en el pie» y auntoinculparse de varios delitos, entre ellos cohecho y tráfico de influencias. En cuanto a los sobresueldos, no estamos ante un ilícito penal, al margen de que los papeles por sí solos no demuestran que lo anotado es cierto. Es un asunto fiscal –que estén declarados a Hacienda– y mediático.