«En casos como el de Lasarte, hay que tener en cuenta la opinión de las víctimas»

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce , se pronunció sobre distintos problemas relacionados con el terrorismo en una entrevista concedida a la Fundación Víctimas del Terrorismo y publicada en su revista (lea aquí la entrevista completa). El fiscal general manifestó su opinión sobre los recientes permisos otorgados por el juzgado central de Vigilancia Penitenciaria al etarra Valentín Lasarte , condenado a más de 700 años de cárcel por siete asesinatos, dos como autor material. « Creo que la opinión de las víctimas también ha de ser tenida en consideración en casos como este en el que el disfrute de permisos puede llevar a un indeseable acercamiento. Precisamente este es uno de los argumentos que viene esgrimiendo la Fiscalía de la Audiencia Nacional para impugnar su concesión».

Eduardo Torres-Dulce reconoció que la existencia de más de 300 asesinatos de ETA que no han sido juzgados le produce «una íntima desazón». Asegura que «la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de la Audiencia Nacional son muy sensibles al problema» y que esta última «ha elaborado un listado actualizado de las causas por terrorismo que se encuentran archivadas por motivos distintos de la prescripción y ha adoptado un esquema de revisión periódica de estos asuntos con el fin de evalura las posibilidades de reactivación que cada uno de ellos ofrece».

Sobre la doctrina Parot , recordó que «cuenta con el aval del Tribunal Supremo desde el año 2006, y con un respaldo añadido de nuestro Tribunal Constitucional, lo que acredita su solidez técnica». También remarcó que a pesar de haber «generado una considerable polvareda en el mundo mediático (...) se trata, simplemente, de una interpretación de las reglas que rigen el cómputo de las penas acumuladas a un mismo reo».

Ante la pregunta de si la Justicia debe interpretar de alguna manera el hecho de que ETA no cometa atentados, se muestra tajante: «La Justicia no puede efectuar interpretaciones de la realidad social en clave de oportunidad política : si lo hiciera traicionaría sus fines y perdería su legitimidad, que emana de la ley. Los fiscales tenemos claramente asumido que la reacción penal frente al delito es un imperativo legal que no admite compromisos fuera del ordenamiento jurídico».