La Generalitat deberá pagar hasta 20 millones por prohibir los toros

La prohibición de las corridas de toros en Cataluña, aprobada por el Parlamento catalán en julio de 2010, puede costar finalmente a la Generalitat hasta 20 millones de euros si se confirman las indemnizaciones que ahora mismo se barajan en la administración catalana. La propiedad de la plaza Monumental de Barcelona, empresa Balañá, y la sociedad gestora del coso desde 2007, Casa Matilla, son las entidades que la Generalitat reconoce hasta el momento con derecho a una indemnización económica en un proceso en el que ya se han rechazado 24 de las 29 solicitudes de compensación realizadas por toreros, ganaderos, médicos, veterinarios...

Fuentes administrativas y parlamentarias coinciden en que la indemnización final que pueden percibir tanto la propiedad como la empresa gestora del coso barcelonés se situará entre 12 y 20 millones de euros. Una cifra que compensaría a las empresas Balañá y Matilla de los perjuicios derivados de no poder utilizar la plaza para su fin principal -celebración de espectáculos taurinos- y de impedir asimismo la actividad de la gestora -programar una temporada de corridas de toros-.

La cantidad final a pagar por la Generalitat no contempla en ningún caso una expropiación de la plaza Monumental de Barcelona a la propiedad, lo que supondría, de llevarse a cabo, el incremento correspondiente de valorar el precio del solar -más de 11.000 metros cuadrados en plena Gran Vía de Barcelona- y el de la edificación. No menos de 50 millones, según fuentes inmobiliarias. Los 20 millones que deberá pagar el Gobierno de Artur Mas al sector taurino supera la deuda contraída con las ONG catalanas, al tiempo que permitiría pagar los intereses de demora que debe a las farmacias. Esa misma cifra es la que pretendía recaudar con su impuesto de depósitos bancarios y las tasas judiciales catalanas, suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC).

El 28 de julio de 2010, el Parlamento de Cataluña, con 65 votos a favor y 55 en contra, dio luz verde a la prohibición de las corridas de toros en la Comunidad al introducir la abolición en el articulado de Ley de Protección de los Animales. El texto aprobado señalaba que la prohibición entraría en vigor el 1 de enero de 2012 y que se negociarían con los diferentes estamentos taurinos las compensaciones por la falta de actividad. La Generalitat ha ido rechazando la mayor parte de las solicitudes en base a que la prohibición «solo limita la práctica profesional en Cataluña y no afecta al libre ejercicio de su actividad en el resto del Estado ni en cualquier otro en que las corridas están autorizadas». Son palabras del consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo autónomo, Francesc Homs, que también manifestó que la Generalitat únicamente iba a pagar «unos miles de euros» por la abolición de la Fiesta.

Así, los acuerdos presupuestarios entre CiU y PP firmados en la anterior legislatura contemplaron la no inclusión de las compensaciones al sector taurino afectado por la prohibición en los presupuestos de la Generalitat de 2012, con la esperanza de que el TC se pronunciara favorablemente sobre el recurso de los populares contra la ley catalana. Por tanto, esas indemnizaciones deberían incluirse en las cuentas de 2013 , ahora en prórroga de las del pasado ejercicio, en un momento de asfixia financiera que obliga al Gobierno catalán a aplicar más recortes. Fuentes parlamentarias advirtieron a ABC de la posibilidad de que el Ejecutivo de CiU disfrace esas indemnizaciones en alguna partida desconocida para disimular un gasto que pudo haberse ahorrado y que se incluyó «torpemente», según estas fuentes, en la ley. Por ejemplo, la ley antitabaco no contempla compensaciones para los locales que adaptaron sus locales a una primera semiprohibición.