Escraches: las protestas antidesahucios y el acoso a los políticos del PP
Ocho populares denuncian coacciones de activistas de la PAH, que dicen llevar a cabo una «campaña pacífica» a favor de la dación en pago
Las protestas contra los desahucios ante los domicilios de diputados del PP han enfrentado a este partido y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), una polémica que encendió la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, al vincular al colectivo con «grupos filoetarras» .
El origen de la tensión está en los escraches, término con el que se denominan en Argentina las manifestaciones organizadas ante las viviendas de personas relacionadas con la dictadura y que ahora ha recuperado la PAH.
Su objetivo, según explican en su página web, es «informar» a los diputados de las «consecuencias dramáticas» que podría tener su rechazo a la iniciativa legislativa popular que han presentado en el Congreso en favor de la dación en pago.
El problema es que, aunque subrayan que se trata de una «campaña pacífica» y que respetan la libertad de voto de los parlamentarios, los que han sufrido el escrache - ocho diputados del PP -, lo consideran acoso y coacción.
«Estrategia radical»
Cifuentes elevó la tensión en una entrevista en RNE al vincular a estos colectivos con «grupos filoetarras» que llevan a cabo una estrategia «bastante radical». Después, en una rueda de prensa, pidió a la PAH que aclare por qué apoyó una manifestación a favor de los presos de ETA y ha estimado que «la comunión de ideas entre la plataforma antidesahucios y Bildu no es algo nada positivo».
Colau estudia denunciar a Cifuentes por la «gravísima y al mismo tiempo ridícula» acusación de que la PAH tiene vínculos con Bildu y Sortu.
Pero la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, no está de acuerdo con la presidenta de la PAH y también estudia emprender acciones legales contra la plataforma por presuntas «coacciones» y «amenazas» a tres de sus diputados en el Congreso: Concepción Veray, Ángeles Esteller y Antonio Gallego.
La semana pasada varios diputados populares, entre ellos, Esteban González Pons , ya denunciaron en la comisaría del Congreso el «acoso» sufrido ante sus domicilios particulares.
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, anunció que este Cuerpo «tomará todas las medidas necesarias» para que ningún ciudadano ni representante político sufra agresiones durante protestas ante sus trabajos o domicilios, ya que esto «pervierte el sistema democrático».
IU, por su parte, estima que esas declaraciones suponen un «salto cualitativo en la permanente estrategia del PP de criminalizar a los movimientos sociales» y ERC las tachó de «lamentables».
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