Los casos de corrupción acorralan a CiU
El caso ITV, Palau, Clotilde, Adigsa... hasta tres diputados de CDC conservan su escaño pese a estar imputados
El «caso Pallerols» comenzó a finales de la década de los noventa y no se ha resuelto hasta este 2013. Un acuerdo entre las partes condenó a Uniò Democrática de Catalunya (UDC), el partido que lidera Josep Antoni Duran i Lleida, a devolver 388.000 euros desviados de subvenciones públicas por la trama corrupta. Una sentencia por la que Duran i Lleida se resistió a dimitir, pese a que dijo que lo haría si el partido era condenado. El líder democristiano y Artur Mas mantienen diferencias sobre el proceso soberanista , pero sí que parecen coincidir en cómo reaccionar ante los escándalos judiciales. Tras conocer su imputación por el caso de las ITV, Oriol Pujol, secretario general de CDC, el partido de Mas, anunció que dejaba su cargo, pero solo de forma temporal . Sin abandonar su escaño, eso sí. Ya son cuatro los diputados catalanes inculpados que siguen sentados en el Parlamento catalán , tres de ellos de CDC. Y es que la federación CiU se enfrenta a varios procesos judiciales.
Caso ITV
Oriol Pujol , hasta ayer secretario general de CDC y todavía diputado autonómico, está imputado por un presunto delito de tráfico de influencias. La Justicia catalana destapó el caso hace un año: empresarios y políticos confabulados para amañar un concurso para la concesión en Cataluña de estaciones de inspecciones técnicas de vehículos (ITV). El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acusa al hijo del expresidente Jordi Pujol de usar su «peso político» para «obtener un beneficio económico para él y/o para sus amigos y colaboradores» y «vulnerar el derecho de libre concurrencia pública».
Caso Palau
Investiga el presunto desvío ilícito de dinero del Palau de la Música por parte de responsables de las entidades que gestiona esta institución, presidida por Fèlix Millet. El expresidente del Orfeó Català reconoció el desvío de 3,3 millones de euros para su beneficio, que destinó a reformas de sus propiedades y a viajes familiares, aunque una auditoría cifró la cantidad en 35 millones. La investigación judicial derivó en la apertura de tres procesos: por el expolio al Palau, por irregularidades en el proyecto de construcción de un hotel y por el desvío de fondos a CDC. El juez considera que CDC es responsable civil en la causa del Palau y le impuso una fianza de 3,2 millones, motivo por el cual su sede central en Barcelona está embargada. Supuestamente, el partido de Artur Mas se benefició de esta cantidad en el expolio del Palau.
Caso Clotilde
Xavier Crespo, diputado de CiU y exalcalde de Lloret de Mar, está imputado por su presunta relación con la mafia rusa y el blanqueo de capitales. El cabecilla de la red delictiva, Andrei Pretov, confirmó ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que pagó regalos a Crespo, entre ellos un reloj valorado en 3.000 euros, botellas de vino y cestas de navidad, así como dos viajes a Rusia. La Fiscalía investiga si Crespo, durante su etapa como alcalde de Lloret de Mar, se lucró por la adjudicación ilegal del servicio de basuras del municipio. «Estoy harto de los corruptos de este país. Dejé de pagarles hace un año y medio aproximadamente porque me di cuenta de que podría haber conseguido lo mismo de forma legal», declaró Petrov al juez .
Caso Adigsa
O el caso 3%. Investiga desde 2005 el presunto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras de reforma de pisos por Adigsa, la empresa pública de vivienda de la Generalitat, durante el mandato del expresidente Jordi Pujol. Fue la frase de Pasqual Maragall -«Ustedes tienen un problema que se llama 3%»- lo que llevó al fiscal jefe de Cataluña a abrir diligencias. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña debe confirmar la inculpación de Ferrán Falcó (CDC), uno de los cuatro diputados del Parlamento catalán que mantienen su escaño a pesar de estar imputados. Otros imputados son los intermediarios José María Penín, cuyo hermanastro es pariente del conseller Felip Puig, y Jordi Honrubia, así como los constructores Ángel Egido y José Antonio Salguero, que destapó las irregularidades en la empresa pública.
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