¿Puede un juez apropiarse de la causa de otro?

La polémica de los papeles de Bárcenas en la Audiencia Nacional está desembocando en dos investigaciones paralelas, hasta el punto de que esta pugna, por asumir la investigacion que mantienen dos jueces, ha estado a punto de provocar (si no lo llega a impedir el jueves la Audiencia Nacional) que el extesorero del PP tuviera que declarar en dos juzgados distintos prácticamente a la misma hora y por los mismos hechos. ¿Cómo se resuelve la controversia que ha suscitado la irrupción del juez Javier Gómez Bermúdez en una investigación que ya estaba en manos de Pablo Ruz? O de forma más genérica, ¿puede un juez apropiarse de un caso que lleva otro?

En las distintas instancias de los Tribunales existen unas normas de reparto que hay que cumplir. Cuando un asunto llega a una jurisdicción, la denuncia o querella en cuestión pasa al decanato, que es el encargado de trasladarla al juzgado que corresponda en función de una numeración concreta. Si una vez asumido el caso por un juez se viera que los hechos están siendo investigados por otro, entra en juego la inhibición, que consiste en traspasar a este otro juez el caso. Lo mismo sucede si en el marco de una investigación, dos procedimientos aparecen conectados: los asumirá el que abriera diligencias antes.

En este sentido es fundamental saber quién ha asumido el procedimiento primero, porque ese será el instructor. Pero, ¿qué pasa cuando no se ponen de acuerdo y los dos jueces no son capaces de resolver esta controversia? Entonces entran en juego sus superiores jerárquicos, que en el caso de Pablo Ruz y Javier Gómez Bermúdez (ambos jueces de instrucción) es la Sala Penal.

La Ley de Enjuciamiento Criminal (LECr) es clara: cualquiera de los dos jueces que considere que es él quien debe investigar el caso tiene que plantear una cuestión de competencia. Pero también, aunque de forma menos habitual, puede hacerlo la Fiscalía. Ésta la planteó cuando el juez Baltasar Garzón se negó a soltar la causa de las fosas del franquismo. A instancias de la Fiscalía, el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional obligó a Garzón a trasladar la causa de la memoria histórica a cada uno de los juzgados ordinarios competentes para investigar los hechos, en virtud del principio de territorialidad, que es el que impera en la ley.