Los jueces europeos dilatarán durante meses su fallo final de la doctrina Parot
El abogado del Estado recordó que la etarra Del Río ni se arrepintió ni pidió perdón
Tal vez porque se habían preparado para lo peor, los representantes de las víctimas del terrorismo españolas consideran que sus tesis fueron bien defendidas ayer por la mañana en la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. El abogado que representaba al Estado, Isaac Salama, hizo una exposición implacable ante los diecisiete jueces que deben determinar en los próximos meses si ratifican o no la sentencia de este mismo tribunal que anuló en primera instancia la llamada doctrina Parot, que obliga a los terroristas a cumplir la máxima condena.
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«¿Es lo mismo un asesinato que 132 asesinatos?», preguntó el abogado a los integrantes de la Gran Sala al comienzo de un alegato en el que intentó demostrar que la etarra Inés del Río —el caso que ha sido utilizado por los abogados del entorno etarra contra una aplicación estricta de su condena— no ha sido víctima de ninguna decisión arbitraria respecto a su pena, sino de una aplicación extensiva de sus redenciones de condena para evitar una prematura puesta en libertad.
Argumentos de la etarra
Los representantes de la terrorista se limitaron a reiterar los fundamentos de la sentencia anterior, que les daba la razón y amparaba a la etarra, sin entrar en nuevos detalles y explicando que el Gobierno no puede justificar que en este caso la decisión del tribunal de Estrasburgo esté menoscabando su capacidad para luchar contra el terrorismo. Los jueces se tomarán ahora su tiempo —normalmente necesitan entre ocho y diez meses para dictar sentencia—, que a la vista del peso de los argumentos de Salama no tiene necesariamente que ser la misma que en la primera instancia.
El abogado del Estado español, en defensa de la doctrina Parot, intentó en todo momento distinguir entre la pena -que no puede ser alterada sin menoscabar los derechos del preso- y su aplicación, que es facultad de un tribunal diferente. «No se le ha añadido ni un solo día de condena; de lo que se habla aquí es de la aplicación o no de beneficios penitenciarios» para una terrorista condenada por 132 asesinatos, entre los que cometió y los que no llegó a cometer a pesar de que esos eran sus planes.
Citó al menos tres precedentes sentencias del mismo Tribunal de Estrasburgo que concedían a los gobiernos de distintos países, Reino Unido y Chipre, la facultad de aplicar las penas incluso cambiando el criterio a uno más desfavorable para el condenado. El abogado del Estado recordó también que la terrorista condenada, de cuyo caso se estaba hablando, no había recurrido previamente ante la Justicia española ninguno de los pasos que han llevado a la fórmula de aplicación de sus sucesivas condenas, sino a última hora y a conveniencia de la organización terrorista.
54 etarras, 7 grapos, 1 gal
En el caso de Inés del Río, se hizo constar que no ha demostrado en todo el periodo de cumplimiento de condena ni arrepentimiento ni voluntad de pedir perdón a sus víctimas, por lo que se justificaría que no tenga acceso a los beneficios penitenciarios que se han previsto para acelerar la reinserción social de los delincuentes. En cuanto a la acumulación de condenas, Salama recordó que no se aplica tampoco ni en casos de prescripción ni en los de indulto.
Por parte de los defensores de la etarra, el argumento más contundente fue intentar alarmar a los jueces con las declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sobre sus intenciones de aplicar «ingeniería legal» para impedir la excarcelación masiva de terroristas y condenados por delitos especialmente graves, en caso de que la Gran Sala ratificase la sentencia ahora recurrida.
Tal vez por ello el juez belga Paul Lemmens preguntó al abogado qué consecuencias tendría la anulación de la llamada doctrina Parot, y aunque al principio parecía una pregunta trampa, el representante del Gobierno lo recitó en voz alta: «Quedarían en libertad 54 terroristas de ETA, siete del Grapo, uno del GAL, uno del Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego y 14 condenados por delitos especialmente graves». Los representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo, que no llegaron a tiempo para personarse en el proceso, tuvieron ayer la oportunidad de entregar las 10.000 firmas de ciudadanos que piden que no se revoque la doctrina Parot.
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