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La defensa de Iñaki Urdangarín contrató a un «hacker» que hace trabajos para el CNI

Pascual Vives dispondría de 10.000 emails de contenido desconocido

La defensa de Iñaki Urdangarín contrató a un «hacker» que hace trabajos para el CNI reuters

pablo muñoz

El caso Urdangarín dio hace algunos meses un giro inesperado, cuando los agentes que investigaban la operación Pitiusa encontraron, en un «pendrive» intervenido en mayo pasado en el despacho profesional de un ingeniero electrónico que hace trabajos para el CNI, información del caso Nóos . Según declaró el implicado, cuya identidad corresponde a las iniciales M. B., ese dispositivo electrónico se lo había proporcionado el abogado de Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, quien le habría contratado para abrir los correos electrónicos que contenía y elaborar luego con ellos «un mapa» que le sirviera en su estrategia de defensa. Según las fuentes consultadas, al parecer el hacker pudo aplicar programas de recuperación de correos electrónicos, de modo que obtuvo 30.000, diez mil más de los que constan en la causa.

La rocambolesca historia, que a día de hoy sigue siendo investigada por el juez José Castro y el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, forma parte de una pieza secreta que se abrió después de que el magistrado que instruye la operación Pitiusa se inhibiese en favor de su compañero de Palma tras el hallazgo de la información del caso Nóos. Como es lógico, saltaron todas las alarmas ante la sospecha de que los ordenadores de los investigadores pudieran haber sido hackeados.

El ingeniero informático explicó que desde hacía años hacía algunos trabajos para el CNI, en especial de asuntos relacionados con las comunicaciones en la red. Dio los teléfonos de sus contactos, que fueron comprobados, y además se pudo ver que en los extractos bancarios de años anteriores había ingresos realizados por el servicio de inteligencia español. Además, tuvo que responder a la razón por la cual se le intervinieron 140.000 euros en efectivo durante la operación Pitiusa, que justificó diciendo que era de pagos que había recibido del CNI. Añadió que en esta ocasión se le habían abonado así sus servicios porque, según le dijeron sus contactos, la crisis económica obligaba a reducir costes.

El implicado asegura que Pascual Vives le contrató para abrir los correos que contenía un «pendrive»

Las explicaciones de M. B. –no se publica su identidad completa por razones de seguridad–, sin embargo, seguían sin dar respuesta a por qué ese pendrive del caso Nóos estaba en su despacho. La contestación sorprendió aún más: simplemente, dijo, porque le había contratado el abogado del Duque de Palma, que era quien se lo había dado a él. El trabajo que debía realizar era abrir los correos electrónicos que contenía el pen –en realidad eran los que tenían ya todas las partes, y que habían sido aportados por el juzgado tras abrirse el secreto de sumario–, y posteriormente organizárselos para que tuviera una mejor comprensión de los mismos. Por este servicio habría recibido varios miles de euros, una cantidad que se considera desproporcionada por fuentes del sector para ese trabajo. No obstante, al ser preguntado el propio Mario Pascual Vives admitió que había contratado al ingeniero informático, lo que justificó por su falta de pericia en el manejo de ordenadores y sistemas informáticos.

Pero según las fuentes consultadas el trabajo del hacker fue más allá, y al parecer aplicó técnicas de recuperación de correos electrónicos borrados. Con ellas habría recuperado 30.000 de estos mensajes, diez mil más de los que constan en el sumario. Según todos los indicios, el letrado del Duque de Palma dispondría de ellos, lo que ha llevado la inquietud a otras partes personadas en el caso.

Las fuentes consultadas destacan que al menos de momento no se ha podido demostrar ninguna implicación de este ingeniero informático en supuestas estrategias de espionaje en los ordenadores de los investigadores. Entre otras razones porque el pendrive entregado por Pascual Vives tiene exactamente la misma fecha de los que entregó el juzgado a todas las partes cuando levantó el secreto de sumario.

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