La Abogacía insiste en que el Gobierno debe derogar la ley de tasas

La reforma a la baja de la cuantía de las tasas (en lo que se refiere a su parte variable) que el Ministerio de Justicia va ha llevar a cabo no resulta suficiente para el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que insiste en la necesidad de que el Gobierno derogue la norma y pide la apertura de un periodo de diálogo que «de haberse producido en su momento, habría evitado el atropello de los derechos constitucionales de los ciudadanos». En opinión del CGAE, que preside Carlos Carnicer, «la modificación no resuelve el ataque contra el derecho de acceso a la Justicia que ha supuesto la aprobación de las tasas judiciales».

Alberto Ruiz Gallardón comunicó ayer a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, las modificaciones que hará a la ley de tasas atendiendo a las sugerencias de esta institución . En concreto, la rebaja de las cuantías variables en un 80 por ciento en varios supuestos. Becerril anunció que, vista la diasposición del Gobierno, no presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El de los abogados, uno de los colectivos más activos en la lucha contra las tasas judiciales, hizo público un comunicado en el que recuerda que las reformas anunciadas no modifican ni la cuantía fija de las tasas (hasta 1.200 euros) ni el ámbito de aplicación de la ley, que sigue incluyendo a las personas físicas. Tampoco modifican el hecho imponible ni las exenciones, ni introducen supuestos de no sujeción; es decir, «la ley de tasas seguirá vigente y adoleciendo de los defectos técnicos que se denuncian desde que comenzó a tramitarse», sostiene el CGAE en un comunicado.

Según la Abogacía, reducir la parte variable de la tasa supone que el Gobierno sigue sin atender a «la real capacidad económica de los ciudadanos, que seguirán obligados, en su caso, a abonar hasta 2.800 euros por presentar un recurso de apelación civil o hasta 3.200 euros por una casación civil».

Asimismo, sostiene que pretender compensar el efecto de las tasas con la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita «es una mala decisión legislativa» pues en cualquier caso se impide el acceso a los tribunales a todos aquellos que no tienen reconocido el derecho a ese servicio, algo que «es inadmisible en un Estado de Derecho e incompatible con la defensa de los derechos de los ciudadanos».