Gallardón premia a los secretarios judiciales que gestionen más tasas

Una nota informativa del Ministerio de Justicia ha contribuido a enturbiar aún más el ya de por sí polémico asunto de las tasas judiciales. El Departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón se ha dirigido al colectivo de los secretarios judiciales para anunciarle, a través de una nota informativa, que una de las variables para valorar su productividad será el número de impresos de liquidación de tasas y el número de solicitudes de modificación de cuantía que el secretario judicial tiene que supervisar. En definitiva, los secretarios judiciales que se afanen en el cobro de tributos serán recompensados.

Pese a no estar aprobada ni vigente la nueva resolución reguladora de esa productividad (se está modificando la anterior, de 27 de diciembre de 2010), el Ministerio de Justicia advierte en esa nota informativa de que el primer cálculo de productividad que se realizará con los nuevos indicadores será la relativa al primer semestre de 2013, es decir, desde el pasado 1 de enero. En su escrito, Justicia menciona la gestión de las tasas judiciales como un baremo más para valorar la eficacia y eficiencia del funcionario en cuestión. «En los órganos ante los que se presenten los modelos 696 (los correspondientes al pago de las nuevas tasas) se tendrán en cuenta el número de estos y las solicitudes de modificación de cuantía que requieran la supervisión del secretario judicial», señala la nota.

El anuncio del ministerio llega en un momento de incertumbre en el colectivo respecto a la aplicación de la ley de tasas (porque no hay un criterio uniforme para aplicar el tributo a los distintos casos planteados) y con la normativa recurrida ante la Audiencia Nacional y próximamente también ante el Tribunal Constitucional. La primera rechazó el jueves suspender las tasas de forma cautelar al considerar que hacerlo sería prejuzgar el asunto, sobre cuyo fondo aún no ha decidido; el segundo está a la espera de que tres gobiernos autonómicos (Cataluña, País Vasco y Andalucía) y el Grupo Socialista interpongan sus ya anunciados recursos de inconstitucionalidad.

El colectivo de secretarios judiciales está dividido en cuanto a que el cobro de las tasas deba influir en los baremos de productividad. Así, mientras el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales parte de que la recaudación de tasas tiene que ser recompensada al aumentar la carga de trabajo del funcionario en cuestión, el Sindicato de Secretarios Judiciales ha pedido al ministro que retire ese parámero de productividad al considerar que pese a estar oficialmente vigentes, la ley de tasas y la orden ministerial que la desarrolla «son normas muy discutidas en su constitucionalidad y legalidad».

Considera, además, que este anuncio, que el Ministerio «difunde como un hecho consumado, es denigrante profesionalmente para el colectivo, al que se trata de convertir en recaudadores a comisión en lugar de centrarse en reconocer mediante el estímulo de la productividad el peso de otras labores directivas» que realizan en la oficina judicial.

«No podemos mirar hacia otro lado ante la especial mezquindad de ese intento de estimular el cobro de unas tasas injustas y desproporcionadas a través de una “zanahoria” como es el complemento de productividad en un contexto social de continuos recortes», señala el sindicato.