El PSOE recurre ante el Tribunal Constitucional el euro por receta madrileño

El PSOE ha presentado este viernes su anunciado recurso de inconstitucionalidad contra el euro por receta impuesto por la Comunidad de Madrid al entender que vulnera la igualdad de los españoles en el acceso a los medicamentos y con el objetivo de frenar el «desmantelamiento» de la sanidad pública.

El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, y los portavoces de los grupos parlamentarios del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, y en el Senado, Marcelino Iglesias, han sido finalmente los encargados de presentar esta impugnación ante el el Tribunal Constitucional.

Después de varios días de discrepancias entre la dirección federal del PSOE y el PSM sobre quién debía registrar el recurso, ambas partes llegaron ayer al acuerdo que les ha permitido acudir al TC.

«Hemos estado juntos siempre», ha asegurado Gómez, que ha añadido que el PSOE «tiene muy claro que está en contra de esta barbaridad que ha hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid». Para el líder de los socialistas madrileños, el euro por receta, que se aplica en la región desde el pasado 1 de enero, constituye una agresión contra los ciudadanos y la desarticulación del sistema sanitario público.

El dirigente socialista ha criticado las declaraciones de ayer del presidente regional sobre que no se devolverá el dinero recaudado con la medida, si finalmente es declarada inconstitucional. En este sentido, ha anunciado que el PSM demandará a González por responsabilidad patrimonial para que «afronte de su bolsillo» los gastos ocasionados por la aplicación del euro por receta.

Sobre los argumentos del recurso, la portavoz socialista en el Congreso ha señalado que reiteradas sentencias del TC establecen de forma clara que la legislación básica para la financiación sanitaria le corresponde al Estado y que las comunidades autónomas tienen competencias para mejorarla.

Eso, según Soraya Rodríguez, «no autoriza ni da competencia a ningún gobierno autonómico, sea del color político que sea, para empeorarla en perjuicio de los ciudadanos». Por eso, ha precisado que no se trata de un problema de invasión de ámbito competencial, sino «de mala aplicación de las competencias autonómicas».