¿Por qué se deja caer a algunos bancos y se rescata a otros?

A lo largo de la crisis, España ha invertido 60.000 millones de euros públicos en apuntalar a su sistema financiero. Un gasto que ha supuesto un enorme esfuerzo para Gobierno y ciudadanos pero que sus defensores justifican en que con él no se estaba salvando a los bancos, sino a los ahorradores, a la posibilidad de que el crédito volviera a fluir en el futuro, a los empresarios, a los pensionistas... en definitiva a toda una sociedad que no puede funcionar con un sistema financiero enfermo.

Pero incluso los valedores de esta tesis aprendieron de algunos errores cometidos en la gestión de los primeros rescates de la crisis y abogaron por tener en cuenta los efectos perversos del riesgo moral. Había que buscar una fórmula que garantizase la seguridad de los ahorradores y preservase la confianza en el sistema bancario. Pero con la que también los inversores más arriesgados asumieran los costes de sus decisiones en caso de quiebra y no sólo disfrutaran de sus beneficios cuando la economía iba viento en popa.

El rescate de la banca de Chipre fue el primer ejemplo. Hace dos años, en marzo de 2013, el Eurogrupo, la «troika» y el Gobierno de Nicosia anunciaban el pacto del «no rescate», o la solución de «autorrescate» , que suponía que los accionistas de los bancos chipriotas lo perdían todo, también los bonistas, y los depositantes de más de 100.000 euros (los no garantizados por la Unión Europea) sufrirían una quita que podría rondar el 40%, que les sería compensada con nuevas acciones de las entidades financieras en problemas.

Hoy, Andorra y su banca BPA saltan a la palestra por un escándalo financiero desatado no por la falta de liquidez o confianza como ocurrió en el pasado, sino porque actuaban como «estructuras de lavado de dinero», según desvela la investigación. Lo cierto es que los casos tienen poco que ver, pero en su resolución no habrá dinero público de por medio. El Banco de España, que intervino la filial española Banco Madrid, optó ayer por la solicitud del concurso de acreedores y el bloqueo de los fondos hasta que el juez decida sobre el futuro de la entidad. De nuevo, los depositantes garantizados (hasta 100.000 euros) contarán con la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos. El resto deberá esperar a la resolución del concurso.