¿Pagos en efectivo? 2.500 euros máximo

La lucha contra el fraude fiscal y el afloramiento de la economía sumergida se han convertido en los principales objetivos del Ministerio de Hacienda desde que la crisis, y la herencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pusieron en el punto de mira la salud de las finanzas públicas. La reciente ley de lucha contra el fraude aprobada por el Ejecutivo puso en su radar los pagos y cobros en efectivo con la prohibición de los pagos en «cash» en cantidades superiores a 2.500 euros , 15.000 euros en el caso de que pagador sea un particular no residente en España.

Pero, ¿qué ocurre cuando se sobrepasa este límite? La ley impone una sanción del 25% del valor de la operación, tanto a quien hace el pago en efectivo, es decir, al cliente (ya sea un particular o una empresa), como a quien presta el servicio o vende el bien. Además, cualquier autoridad o funcionario público tiene la obligación de denunciar todos los casos. Y en el caso de que la denuncia proceda de una de las partes que intervienen en la operación, Hacienda no le aplicará sanción alguna siempre que se haya denunciado dentro de los tres meses posteriores a la fecha de la operación.

Fraccionar los pagos para eludir el control del fisco es una de las técnicas más habituales y es conocida en el argot financiero como «pitufeo». Tradicionalmente, las porciones que se hacían eran inferiores a 3.000 euros, aunque la nueva norma rebaja los niveles. Esta práctica salió recientemente a la luz al haber sido utilizada por la federación andaluza de UGT. El pasado mes de diciembre, ABC destapó que la contabilidad en la sombra instalada en el sindicato durante la etapa de Manuel Pastrana (1998-2013) u tilizó el fraccionamiento de sus ingresos para difuminar las entregas de dinero de los proveedores con los que gastaba las subvenciones recibidas de la administración.

Según consta en la documentación a la que tuvo acceso este diario, el día 30 de enero de 2008 una de las cuentas que UGT-A posee en un banco registró ingresos por una suma de 46.400 euros procedentes de Karonte Nuevos Desarrollos (KND) SL . Los abonó a través 16 cheques bancarios con una cantidad idéntica, de 2.900 euros cada uno.

Según informó el ministro Cristóbal Montoro cuando presentó el anteproyecto de la nueva ley, con la normativa se refuerza la capacidad recaudatoria de la Agencia Tributaria. Esta junto, junto a otras medidas, permitió engordar las arcas del Estado en 22.500 millones de euros .