De Guindos no cede: la ley de cajas obliga a Fainé a elegir entre presidir CaixaBank o La Caixa
Las fundaciones podrán suscribir más acciones de sus bancos pero no tendrán más votos en el consejo de administración
El Gobierno dio ayer luz verde a la norma que redefine el papel de las cajas en el nuevo mapa financiero y que, además, resta poder a sus «cajeros». Isidro Fainé, presidente de La Caixa y de la Confederación Española de Cajas (CECA), presionó para que los presidentes de las antiguas cajas — en adelante fundaciones — lo pudieran ser a la vez del banco al que deben traspasar su negocio financiero. Moncloa no aceptó: el texto final del proyecto de ley de cajas y fundaciones bancarias, aprobado ayer en Consejo de Ministros, mantiene la incompatibilidad entre ser miembro del patronato de la fundación y del consejo de administración del banco . Esto obliga al banquero a elegir entre presidir CaixaBank, entidad encargada del negocio bancario, o La Caixa, que se transformará en fundación y asumirá la obra social, que por su trascendencia social y política también interesa a Fainé.
La norma entra ahora en trámite parlamentario y se prevé que a finales de este ejercicio esté en vigor. A partir de entonces, las cajas con más de 10.000 millones de euros en activos, una cuota de depósitos en el territorio en el que opera superior al 35% o que hayan separado su negocio en un banco y tengan más del 10% de su capital, disponen de un año para convertirse en fundaciones. Así, a finales de 2014 Fainé tendrá que haber decidido su futuro, al igual que Mario Fernández (Kutxabank), Braulio Medel (Unicaja) y Amado Franco (Ibercaja) , los más interesados en conservar la doble presidencia.
Concesiones con el visto bueno de la troika
No es la única cuestión que las cajas lograron que el Gobierno consultara al Consejo de Estado. Economía, y con el visto bueno de la troika, aceptó la mayoría de sus pretensiones. En cuanto a la política del dividendo, la remuneración al accionista deberá ser aprobada por el 66% de los accionistas con derechos de voto , y no por el 75%, como se preveía. Además, y en contra de lo que decía el anteproyecto, las fundaciones con una participación de control o de al menos el 50% en su banco podrán acudir a las ampliaciones de capital que este haga. Podrán suscribir más acciones, pero sólo ejercer sus derechos económicos (cobrar diviendo) y no los políticos (votos en el consejo) que le otorguen los nuevos títulos.
A simple vista, esta última concesión parece contradecir las exigencias de la Comisión Europea, que a cambio del rescate financiero obligó a las cajas a reducir paulatinamente su participación en su banco hasta una de no control. «Hemos cumplido estrictamente con lo que dice el memorando de entendimiento» , señalan fuentes de Economía, que creen que con las exigencias que impone la ley, como esa limitación de votos y la obligación de dotar un fondo de reservas, desincentivarán a las cajas que quieran elevar su poder en los bancos y acabarán reduciendo su participación.
El Ejecutivo considera además «razonable» permitir a estas grandes fundaciones suscribir una ampliación al tener que sufragar ese fondo que se usará para cubrir posibles «agujeros» —incluido un rescate— y que equivale a un requerimiento de más capital. Y no se fijó un plazo para que salgan de las entidades para evitar que los inversores esperen al último momento y fuercen a las cajas a vender sus acciones a precio de derribo.
Porfesionalización e independencia
Estas fundaciones tendrán además que entregar para su aprobación al Banco de España, y en dos meses desde su conversión, un protocolo de gestión y un plan financiero y de diversificación de riesgos. En base a eso, su participación en el banco y si cotiza o no en Bolsa, entre otros criterios, el supervisor fijará qué cantidad debe aportar a su fondo.
Las obligaciones de rendición de cuentas serán menores para las fundaciones con un control de entre el 30 y el 50%, y más cuando la participación sea de entre el 10 y el 30%. Pero las de buen gobierno — se reducen cargos políticos, sindicales o empresariales a favor de independientes y con experiencia en los consejos con el fin de mejorar la profesionalización e independencia de los órganos ejecutivos— serán las mismos para todas.
Sólo las cajas con un tamaño inferior al definido en los citados criterios que obligan a la conversión en fundación -esto es, Caixa Pollença y Caixa Ontinyent- conservarán el viejo «status» . Ahora bien, su negocio quedará reducido a su territorio de origen —una autonomía— y se les obliga a ceñir su negocio a clientes particulares y pymes. «Tienen que volver a sus orígenes», señaló De Guindos, confiando en que estas entidades no vuelvan a convertirse en un quebradero de cabeza.
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