El arbitraje de las preferentes lastrará el capital de Bankia

El arbitraje ha sido la apuesta del Gobierno para dar salida a los clientes que fueron afectados por la mala comercialización que los bancos hoy nacionalizados hicieron de las preferentes. También para Bankia, aunque en este caso la solución trae problemas asociados: la factura lastrará el capital de la entidad y podría retrasar la devolución de las ayudas públicas recibidas. Según fuentes financieras consultadas por este diario, la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri deberá asumir finalmente el coste de aquellos casos en que el arbitraje determine que hubo mala comercialización, tal y como han hecho otras entidades públicas como Novagalicia.

La cúpula de la entidad pública ha estado negociando con el FROBuna fórmula que neutralizara el efecto de esta factura imprevista, que no se contempla ni en el plan de recapitalización negociado con Bruselas, ni en el monto de ayudas solicitadas. Dado que el FROB es el máximo accionista del grupo, el coste recaerá en cualquier caso sobre los contribuyentes, pues se retrasará la generación de valor por parte de la entidad. Sin embargo, el FROB ha optado finalmente por no cubrir coste a no ser que sea legalmente necesario. Las consecuencias que tendrá este desembolso dependerán de dos factores: el montante de las preferentes que el arbitraje decida que fueron mal comercializadas y la capacidad de aguante del colchón de capital de la entidad financiera.

Bankia tiene en torno a 6.000 millones de euros comercializados en preferentes. Y su ratio de capital se situará en torno al 9,5% una vez se haya realizado la próxima ampliación. Este medio punto extra supone unos 300 millones de euros de colchón, a los que hay que sumar los beneficios que espera obtener a partir de este año (en torno a 800 millones) y la reducción de activos, que también minora la necesidad de capital. Las desinversiones que pueda llevar a cabo también son una palanca que podría utilizar la entidad.

Fuentes financieras cercanas a Bankia confían en que el margen de maniobra sea suficiente como para no tener que necesitar una nueva inyección de fondos públicos. Si bien, llegado el caso, el FROB cubriría el desfase, aseguran desde el entorno del Ejecutivo de Mariano Rajoy, puesto que Bruselas se ha negado reiteradamente a compensar a estos inversores y la Comisión siempre ha defendido que cualquier solución para estos afectados debe salir del Estado español.

El proceso, en cualquier caso, está ya en su recta final. La semana pasada, el Congreso dio luz verde a la Comisión de Seguimiento de híbridos y deuda subordinada, que mañana celebrará su primera reunión. En ella se ajustarán los criterios que determinarán qué inversores pueden acudir a este proceso. Según explicó el Ministerio de Economía, la intención es dar prioridad a los pequeños ahorradores que, en Bankia, suponen el 80% de los 200.000 afectados. También concretó que los ancianos, las personas con menos recursos y aquellas que no tengan cultura financiera podrán acogerse.

Aunque los resultados son todavía imposibles de prever, según Luis de Guindos, «el arbitraje de Bankia tendrá una buena implementación, con resultados similares a los vistos en NCG y Catalunya Banc, donde la mayoría de los laudos están siendo favorables».