El 80% de los afectados por las preferentes tienen más de 65 años

Se conocían algunos casos, todos ellos abrumadores. Contratos firmados por ciegos, personas analfabetas que mostraban su consentimiento estampando sus huellas dactilares, menores de edad o discapacitados. Pero, como puso ayer de relieve el informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la mayor parte de los excesos, el 80%, se concentraron en otro colectivo vulnerable: los ancianos. Ocho de cada diez de los afectados, según la OCU, tienen más de 65 años.

El informe, recogido por Ep, subraya que las entidades se proponían la búsqueda de un «jubilado confiado», para los que desplegaban una estrategia, que la organización tilda de «gran engaño», que se basaba en los siguientes pasos: se identificaba al jubilado que confiaba los ahorros de toda su vida al personal de su oficina bancaria. Posteriormente, las entidades exponían a su cliente el producto, que recomendaban por su «alta rentabilidad». En estos casos, en el documento se observa que «el tamaño de la letra de la oferta comercial (donde se destaca la rentabilidad) es mucho más grande que la letra del contrato», destaca la OCU.

La mala praxis continuaba con la omisión del dato de que no existían garantías del producto, ya que la rentabilidad ni es fija ni está garantizada porque depende de la evolución financiera del banco. «Pero esto no se le dice al ahorrador», denuncia. «Es cierto que se indica en el contrato, pero como tiene más de 30 páginas escritas en letra pequeña no es probable que lo lea (necesitaría una hora para hacerlo)», agrega.

La organización de consumidores también lamenta que no se avisara al cliente de que podría perder dinero y que las preferentes no están cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). «Si pregunta por el riesgo, se le tranquiliza. No se le cuenta que es un producto para inversores con un perfil de alto riesgo», enfatiza el informe, que apunta que no se informa de que el producto es perpetuo. Como último paso de este «engaño», la OCU denuncia que los comerciales de los bancos procuraban pasar el «test» de conveniencia previamente marcado, para que así la valoración fuese idónea. Incluso, asegura que introducían un documento de conocimiento del riesgo entre los 30 folios del contrato y hacían que el ahorrador lo firmase también.