Bruelas multa a Telefónica y Portugal Telecom con 79 millones por un pacto de no competencia

La Comisión Europea ha impuesto sendas multas de 66,8 millones de euros a Telefónica y de 12,2 a Portugal Telecom por un pacto firmado en julio de 2010 entre ambas teleoperadoras por el cual se comprometieron a no competir entre sí en los mercados de la península Ibérica, esto es, España y Portugal, acordando por lo tanto cada una de ellas quedarse fuera del mercado nacional de la otra, según ha informado este miércoles el Ejecutivo comunitario.

El acuerdo, que atenta contra las normas europeas de competencia, formaba parte del contrato de compra por parte de Telefónica del paquete de acciones del operador móvil brasileño Vivo, hasta entonces propiedad conjunta de las compañías española y lusa, que poseía Portugal Telecom.

«No toleraremos prácticas anticompetitivas por parte de los operadores históricos para proteger sus mercados nacionales, ya que perjudican a los consumidores y retrasan la integración del mercado único de telecomunicaciones al que aspira la Unión Europea», ha explicado el comisario de Competencia y vicepresidente de la CE, Joaquín Almunia, quien ha recordado que estas prácticas constituyen «una de las infracciones más graves» contra la normativa comnuntaria sobre competencia, pudiendo generar precios más altos y menos oferta para los usuarios.

Telefónica, que ya ha avanzado que recurrirá la sanción de «manera inminente», ha mostrado su «absoluta discrepancia» con la resolución y defiende que no ha vulnerado «en ningún momento» la legislación. En concreto, la compañía presidida por César Alierta explica que a pesar de existir esa claúsula en el contrato —«no se trata de un pacto secreto o de un intento de ocultación», dice la empresa, y reconoce también Bruselas en su fallo— entre ambos operadores, nunca se llevó a la práctica porque su puesta en marcha «estaba condicionada a una verificación de legalidad y que nunca tuvo aplicación».

De hecho, ambas empresas la retiraron del contrato en febrero de 2011, después de que la Comisión iniciase una investigación al respecto. Su intención era aplicarlo entre septiembre de 2010 y finales del siguiente ejercicio.