precariedad laboral
Obligados por la empresa a pasarse a la economía sumergida
Miles de españoles trabajan como autónomos aunque sean asalariados o se les ofrece un empleo con la condición de cobrar el salario en negro
Las circunstancias desesperadas, como las crisis económica, pueden llevar a aceptar situaciones que de otra forma no toleraríamos. En España, donde el desempleo alcanza el 25% y una de la cada tres empresas ha desaparecido durante la crisis, un puesto de trabajo debe ser tratado como oro puro.
Muchas empresas luchan para reducir costes, incluso a costa de los derechos sociales de sus trabajadores y ellos...aceptan. La semana pasada un estudio de RRHHpress descubría que un 14% de desempleados trabajaría sin cobrar.
Se cocina el caldo de cultivo perfecto para que crezca la economía sumergida en todas sus variantes. Desde el simple sobre con dinero negro una vez al mes, hasta la obligación de hacerse autónomo y asumir «el riesgo de ser pillado».
El presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, advertía de que desde el inicio de la crisis se han duplicado este tipo de actividades económicas. Algo que debe «alertar» al Gobierno porque hay casi un millón de actividades «fantasma» que «cuelgan de farolas y buzones».
Un sobre en la mano
Una de las formas más habituales y a la vez la más simple. Un sobre lleno de billetes se pone en la mano del trabajador, no hay contrato, ni huellas que permitan seguirle el rastro a ese dinero. Funcas estima que la actividad oculta al fisco supone el 24% del PIB, es decir, unos 240.000 millones. Y aunque en muchos casos el trabajador puede parecer igual de culpable que el empresario por no regularizar su situación, lo cierto es que carece de muchos de los privilegios de cualquier asalariado. No está cotizando a la Seguridad Social, carece de pagas extras, vacaciones y sobre todo no tiene contrato, ni desempleo.
El autónomo asalariado
Una de las situaciones más embarazosas en las que puede encontrarse un trabajador, es aquella en la que la empresa le obliga a hacerse autónomo para conservar su puesto de trabajo. Bajo la figura del autónomo dependiente (que trabaja para la misma empresa en un 75%), se encubren en muchos casos verdaderos trabajadores asalariados. Mediante esta fórmula la empresa se ahorra los costes de la contratación y el trabajador debe asumir el pago de las cuotas correspondientes o, en su caso, el riesgo de que Hacienda le descubra.
La cuestión no es baladí. Con un sueldo de por ejemplo de 1.000 euros u 800 euros, ese trabajador puede quedarse con un salario irrisorio. Tras la última reforma del Gobierno, debe satisfacer un 21% en concepto de IRPF, además de eso, debe pagar la correspondiente cuota a la seguridad social (unos 300 euros). Al final, le quedan unos 300 euros para pasar el mes.
«Para poder tener un salario mínimo interprofesional, los mini autónomos prefieren salir del sistema y recurrir a la economía sumergida», advertía Amor.
Es cierto que existe una Sentencia del Tribunal Supremo del año 1997, cuya jurisprudencia establece que aquel autónomo con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional no tiene porque satisfacer las cuotas a la Seguridad Social, pero el Alto Tribunal también se ha pronunciado en otras ocasiones en sentido opuesto. Ante la duda, es probable que la solución prefrerida sea no pasar por la caja del Estado.
«Que haya unas cotizaciones sociales muy altas tiene una influencia directa en el aumento de la economía sumergida», afirma Celia Ferrero, vicepresidenta de la ATA.
Esta es una situación que afecta a cualquier pequeño autónomo, con un salario bajo, y en especial al «falso autónomo».
El problema es que «no están en la economía sumergida porque quieran, sino porque no pueden hacer frente a los costes que supone ser autónomo», recuerda Ferrero.
La falta de progresividad que padecen todos los pequeños autónomos se vuelve especialmente grave en el caso del falso autónomo, ya que carecen de muchas de las protecciones propias del asalariado.
Miles de casos
Es imposible calcular cuantas personas se encuentran en esta situación, pero hay estimaciones. «Unos 300.000 autónomos dependientes en España en esta situación de los cuales solo 8.000 están registrados», explica Jordi Ribó, Secretario de economía social y autoempleo de CC.OO.
«La gente tiene mucho miedo y por eso se ven obligados a aceptar esta situación», reconoce Ribó.
El problema, a su juicio, son «las condiciones draconianas» en las que el autónomo se ve obligado a trabajar. Condiciones que «el empresariado utiliza para reducir o degradar condiciones laborales de cualquier asalariado», añade.
La cuestión de las cuotas desproporcionadamente altas que deben soportar los trabajadores por cuenta propia se extiende también a los autónomos no fraudulentos. Un estudio de Consumers International revelaba que «los supermercados abusan de su poder de compra respecto a los proveedores», obligándoles a bajar los precios a niveles irrisorios.
Un problema cuya solución es adaptar la regulación a la realidad social, a juicio de Ribó. «Los poderes publicos tienen que intervenir para aflorar estas situaciones. Detras de cada pequeño autónonomo que pueda defraudar hay una gran empresa defraudadora», concluye.
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