Díaz Ferrán y Ángel de Cabo falsificaron contratos para evadir patrimonio

El liquidador de empresas Ángel de Cabo puso al servicio de Gerardo Díaz Ferrán toda una estructura de testaferros encaminada para que el patrimonio del expresidente de la patronal no fuera embargado . El funcionamiento de esta estructura, «creada para delinquir», según fuentes conocedoras del caso, se repitió en varias operaciones, también con propiedades de Gonzalo Pascual, ya fallecido. El patrimonio que Díaz Ferrán puso en manos de Ángel de Cabo en junio de 2010 estaba amenazado por órdenes de embargo. El «liquidador valenciano» urdió un plan para salvarlo de los acreedores. El primer paso era elaborar una venta ficticia del inmueble en cuestión. Se hacía un contrato de compraventa con fecha anterior a la orden de embargo, en el que figuraba como comprador una sociedad controlada por Ángel de Cabo.

Este contrato se elevaba a público en una Notaría y se procedía a paralizar la subasta del bien. Para acreditar que la compraventa era real, empleados de Ángel de Cabo habían conseguido sellos de Hacienda robados que estampaban en el documento. También se usaban «testigos» a sueldo de Ángel de Cabo que daban fe de que existió la venta.

Cuando la sociedad pantalla tenía el inmueble a su nombre, Ángel de Cabo la llevaba a la quiebra. Otras empresas controladas por él mismo le giraban facturas falsas y, de este modo, se convertían en los únicos acreedores en el concurso judicial. El único valor que tenía la sociedad pantalla era el inmueble de Díaz Ferrán, que pasaba a los testaferros de Ángel de Cabo. Luego se lo vendían a un tercero o lo colocaban en otra sociedad instrumental. Los beneficios obtenidos se repartían con Díaz Ferrán.

El acuerdo consistía en que un 20% de lo que se sacara era para Ángel de Cabo y el 80% restante para Ferrán. Según fuentes del caso, este arreglo fue verbal, no se puso por escrito. Sobre el papel, Ángel de Cabo se hizo con el Grupo Marsans a través de su empresa Posibilitum Business a cambio de asumir 600 millones de euros de deuda, pero todas las fuentes consultadas sostienen que en realidad De Cabo fue un mero liquidador-testaferro. El mismo procedimiento se usó con Nueva Rumasa , aunque en este caso sí se puso por escrito cómo se haría el reparto y se pactaron unos pagos mensuales.

La técnica de elaborar documentos predatados se utilizó en varios inmuebles. Uno de ellos era un edificio de oficinas en Madrid que estaba hipotecado. Ángel de Cabo encargó a su equipo una artimaña para recuperarlo antes del embargo. Para ello, varias empresas controladas por el «liquidador» valenciano emitieron facturas falsas por elevados importes y con contratos de garantía hipotecaria. De esta forma se acudía al juzgado para ganarle la prioridad al banco que reclamaba el inmueble porque, «oficialmente», el nuevo acreedor era anterior a la entidad financiera.

Esta ingeniería contable también se puso en marcha en las dos lujosas viviendas que poseía Díaz Ferrán en Baleares. En este caso se inventaron «créditos refaccionarios y por obras de la construcción, que tienen prioridad en el cobro sobre el banco que después hipoteca las casas», sostienen fuentes de la investigación.

Por su parte, la finca El Sauceral (Toledo), propiedad de Gonzalo Pascual, fue vendida a la mercantil Kairo Center. De ahí pasó a Fulvia S.L., administrada por Jorge García Téllez, testaferro habitual de Ángel de Cabo. La operación se desbarató porque llegó un chivatazo al juzgado y Banesto pudo finalmente enajenar la finca. Esta operativa también se repitió con la venta de participaciones de empresas.